ENTREVISTA EXCLUSIVA
El fiscal federal Gómez plantea que "hay que intervenir a la Justicia Provincial"
Fuente: Diario El Siglo Tucuman By @Fiscalfederal
El magistrado dijo a EL SIGLO que esa es la salida para superar
la crisis desatada en el Poder Judicial de Tucumán tras el fallo absolutorio en
el caso de Marita Verón. Opinó que habría que "poner en comisión de todos los
jueces, fiscales y defensores de la provincia, para someterlos a un referéndum
popular". Pidió establecer el juicio por jurados.
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09/01/2013 11:36 PM | Para el fiscal general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, la única salida para
superar la crisis desatada en la Justicia Provincial tras el escandaloso fallo
absolutorio en el caso de Marita Verón es "su intervención".
Durante una entrevista exclusiva concedida a EL SIGLO, el fiscal se mostró de acuerdo con la necesidad de "poner en comisión a todos los jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia" a los fines de que "sean sometidos a un referéndum popular, que determine su continuidad o no en los cargos que hoy ocupan".
Advirtió que el pedido de destitución a los tres magistrados que intervinieron en el juicio por el secuestro y desaparición de la joven, quien habría sido víctima de una red de trata de personas, "entrará en una vía muerta en los próximos meses".
Además, Gómez estimó que “recién en 2014 o 2015” podría definirse, en el ámbito judicial, si se hace un nuevo juicio oral y público para el caso que se anule el fallo que absolvió a los 13 imputados en la causa.
Finalmente, planteó que es necesario "que la Legislatura provincial avance con la sanción de una ley que establezca el juicio por jurados en Tucumán".
La charla entre nuestro diario y el fiscal general federal se dio de la siguiente manera:
-¿Qué cree que pasará con el pedido de juicio político a los jueces que absolvieron a los acusados del caso Verón?
-El pedido de destitución a los tres magistrados que intervinieron en el juicio por Marita Verón entrará en una vía muerta en los próximos seis meses, porque con la simple renuncia de dos de los magistrados (una, la de Emilio Herrera Molina, ya se produjo, mientras que la de Alberto Piedrabuena estaría próxima a concretarse) para acogerse a la jubilación con el 82 por ciento móvil, quedará desarticulada cualquier posibilidad de que sean sometidos a un Jury de Enjuiciamiento. Respecto al tercer camarista, Eduardo Romero Lascano, atento a que el pedido de juicio político formulado por la defensa de Susana Trimarco, madre de Marita, apunta a la manera en la que se desarrolló el debate oral y público y teniendo en cuenta que este camarista no lo dirigió nunca, no creo que se pueda avanzar en su destitución y, por lo tanto, quedará en la nada.
-¿Cuál era la mejor salida?
-Lo que debió haberse planteado, en todo caso, era el pedido de destitución de todos los fiscales y jueces que intervinieron en la causa de Marita Verón durante los 10 años que duró la investigación, desde la foja 1 en adelante. Es decir, abrir un gran sumario administrativo e investigar la responsabilidad de todos y cada uno de estos miembros de la Justicia provincial. Si hubo una sentencia desfavorable, no todo es responsabilidad del Tribunal, sino que también hay una responsabilidad cierta por parte de todos los que llevaron adelante la causa durante 10 años.
-¿Cómo ve la situación de la Justicia Ordinaria de Tucumán?
-Hay que preguntarse por qué se llegó a esta situación y por qué tenemos esta crisis en la administración de justicia en Tucumán, que es uno de los poderes más desvalorizados y desacreditados en este momento. Ello en función de la conexión directa que tiene con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que en este caso de Marita Verón se manifiestan en contra (del fallo), pero con el tiempo nos daremos cuenta de que no es tal. Para resolver esta situación crítica en la Justicia Ordinaria de la Provincia, la mejor salida es darle al ciudadano común la posibilidad de refrendar o no con su voto la actuación de los jueces, tal como ocurre en Estados Unidos, donde cada 4 o 5 años los magistrados son sometidos a la voluntad popular para que la sociedad determine si siguen ocupando sus cargos o no. Si a más del 50 por ciento de la gente le gusta como actuó un juez, lo elegirá para que siga, y si está disconforme, le dirá que no y habrá que designar a otro a través del Consejo de la Magistratura. Para realizar un referéndum general de esta naturaleza hay que intervenir el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, poniendo en comisión a todos los jueces, fiscales y defensores, para que la gente, en un referéndum popular, de acuerdo al lugar donde viva, decida si estos jueces continúan o no en sus cargos.
-¿Hace falta una reforma normativa o constitucional para avanzar con esto?
-No. Solo basta la decisión política de intervenir la Justicia por parte de la Presidencia y el Congreso de la Nación. Puede ser a través de la sanción de una ley, pero también se puede concretar con un decreto de necesidad y urgencia por parte de la Presidenta. Estamos hablando de un referéndum a la Justicia por una sola vez, al menos para subsanar esta situación.
-¿Cuáles son las instancias procesales y los plazos que siguen en el caso Verón?
-Hay dos pasos concretos que hay que aclararle al ciudadano común. En primer lugar, hay un recurso de casación presentado por la querella, y no creo que la Corte Suprema de Tucumán se expida al respecto, declarando si el fallo absolutorio y el juicio son válidos o no, antes de las elecciones legislativas nacionales de octubre de este año. Por los tiempos procesales o por una cuestión política sobre el manejo de los mismos, como ocurre en los máximos tribunales, es poco probable que la Corte Provincial se expida antes de noviembre del año en curso. En el supuesto caso que la Justicia tucumana declare la nulidad del proceso y ordene realizar un nuevo juicio, todos los acusados tienen el derecho de interponer un recurso extraordinario ante la Corte de la Nación. Ese recurso debe ser analizado antes por el Superior Tribunal de la Provincia y suponiendo que este conceda el recurso y gire las actuaciones a la Corte de la Nación, por los tiempos procesales que se manejan en estos tribunales y ante casos similares al de Marita, se va a expedir recién en 2014 o 2015. Es decir, la posibilidad real y concreta de que este juicio oral y público sea anulado y se ordene realizar un nuevo debate recién se va poder concretar dentro de dos o tres años.
-¿Cómo se puede mejorar la administración de justicia en Tucumán?
-Un elemento fundamental que hay que abordar es la necesidad de instalar, de una vez por todas, en el proceso penal de la provincia de Tucumán el juicio por jurados. Los legisladores, además de rasgarse las vestiduras, como lo están haciendo con el caso de Marita Verón, debería que trabajar en diseñar un mecanismo de juicios por jurados, como lo están haciendo en este momento la Provincia de Buenos Aires y como impulsa la Presidenta de la Nación.
-¿Por qué cree que no se aplica?
El juicio por jurados está previsto en la Constitución y no se aplica porque a los poderes políticos no les conviene, debido a que les quita el manejo de la administración de justicia en los casos mas graves. El juicio por jurado lo que hace es poner en la representación de ciudadanos comunes la decisión de si un hecho delictivo ocurrió o no. No es un solo juez o un solo fiscal al que es fácil corromper desde el poder político, sino un grupo de ciudadanos, que se eligen de un padrón donde tanto las defensas como las partes acusadas realizan tachas e impugnaciones. Es un proceso judicial que ha funcionado bien en distintos lugares del mundo, incluida la provincia de Córdoba, que tiene un mecanismo mixto de juicio por jurado, que integran jueces y ciudadanos elegidos de un padrón electoral. Es fundamental aplicar este tipo de sistema para resolver casos con la trascendencia como este de Marita Verón.
“El Tribunal Federal habría dictado condenas”
El fiscal Antonio Gustavo Gómez aseguró durante la entrevista concedida a nuestro diario que "si este mismo juicio por Marita Verón hubiera sido llevado adelante en el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) los trece imputados hubieran sido condenados, porque la apreciación de la prueba producida, sobre todo de la testimonial, habría tenido una valoración diametralmente distinta a la que hizo la Justicia Provincial". En este sentido, apuntó que "sólo hace falta leer los fallos del TOF en materia de delitos contra los derechos humanos para notar la importancia y la validez que e les da a los relatos de testigos, aún cuando se trata de hechos ocurridos hace más de 35 años. Esto demuestra que el criterio de los jueces provinciales discrepa y mucho a los que utilizamos en la Justicia Federal en relación a los testimonios y al valor que s les da a los mismos", resaltó. Finalmente, al ser consultado sobre la sentencia absolutoria de la polémica, Gómez expresó: "En el caso Verón, de acuerdo a lo que pude leer en la prensa, porque no estudié la sentencia detenidamente, indica que había pruebas suficientes como para establecer una condena contra todos los acusados por el delito de trata de personas".
Durante una entrevista exclusiva concedida a EL SIGLO, el fiscal se mostró de acuerdo con la necesidad de "poner en comisión a todos los jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia" a los fines de que "sean sometidos a un referéndum popular, que determine su continuidad o no en los cargos que hoy ocupan".
Advirtió que el pedido de destitución a los tres magistrados que intervinieron en el juicio por el secuestro y desaparición de la joven, quien habría sido víctima de una red de trata de personas, "entrará en una vía muerta en los próximos meses".
Además, Gómez estimó que “recién en 2014 o 2015” podría definirse, en el ámbito judicial, si se hace un nuevo juicio oral y público para el caso que se anule el fallo que absolvió a los 13 imputados en la causa.
Finalmente, planteó que es necesario "que la Legislatura provincial avance con la sanción de una ley que establezca el juicio por jurados en Tucumán".
La charla entre nuestro diario y el fiscal general federal se dio de la siguiente manera:
-¿Qué cree que pasará con el pedido de juicio político a los jueces que absolvieron a los acusados del caso Verón?
-El pedido de destitución a los tres magistrados que intervinieron en el juicio por Marita Verón entrará en una vía muerta en los próximos seis meses, porque con la simple renuncia de dos de los magistrados (una, la de Emilio Herrera Molina, ya se produjo, mientras que la de Alberto Piedrabuena estaría próxima a concretarse) para acogerse a la jubilación con el 82 por ciento móvil, quedará desarticulada cualquier posibilidad de que sean sometidos a un Jury de Enjuiciamiento. Respecto al tercer camarista, Eduardo Romero Lascano, atento a que el pedido de juicio político formulado por la defensa de Susana Trimarco, madre de Marita, apunta a la manera en la que se desarrolló el debate oral y público y teniendo en cuenta que este camarista no lo dirigió nunca, no creo que se pueda avanzar en su destitución y, por lo tanto, quedará en la nada.
-¿Cuál era la mejor salida?
-Lo que debió haberse planteado, en todo caso, era el pedido de destitución de todos los fiscales y jueces que intervinieron en la causa de Marita Verón durante los 10 años que duró la investigación, desde la foja 1 en adelante. Es decir, abrir un gran sumario administrativo e investigar la responsabilidad de todos y cada uno de estos miembros de la Justicia provincial. Si hubo una sentencia desfavorable, no todo es responsabilidad del Tribunal, sino que también hay una responsabilidad cierta por parte de todos los que llevaron adelante la causa durante 10 años.
-¿Cómo ve la situación de la Justicia Ordinaria de Tucumán?
-Hay que preguntarse por qué se llegó a esta situación y por qué tenemos esta crisis en la administración de justicia en Tucumán, que es uno de los poderes más desvalorizados y desacreditados en este momento. Ello en función de la conexión directa que tiene con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que en este caso de Marita Verón se manifiestan en contra (del fallo), pero con el tiempo nos daremos cuenta de que no es tal. Para resolver esta situación crítica en la Justicia Ordinaria de la Provincia, la mejor salida es darle al ciudadano común la posibilidad de refrendar o no con su voto la actuación de los jueces, tal como ocurre en Estados Unidos, donde cada 4 o 5 años los magistrados son sometidos a la voluntad popular para que la sociedad determine si siguen ocupando sus cargos o no. Si a más del 50 por ciento de la gente le gusta como actuó un juez, lo elegirá para que siga, y si está disconforme, le dirá que no y habrá que designar a otro a través del Consejo de la Magistratura. Para realizar un referéndum general de esta naturaleza hay que intervenir el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, poniendo en comisión a todos los jueces, fiscales y defensores, para que la gente, en un referéndum popular, de acuerdo al lugar donde viva, decida si estos jueces continúan o no en sus cargos.
-¿Hace falta una reforma normativa o constitucional para avanzar con esto?
-No. Solo basta la decisión política de intervenir la Justicia por parte de la Presidencia y el Congreso de la Nación. Puede ser a través de la sanción de una ley, pero también se puede concretar con un decreto de necesidad y urgencia por parte de la Presidenta. Estamos hablando de un referéndum a la Justicia por una sola vez, al menos para subsanar esta situación.
-¿Cuáles son las instancias procesales y los plazos que siguen en el caso Verón?
-Hay dos pasos concretos que hay que aclararle al ciudadano común. En primer lugar, hay un recurso de casación presentado por la querella, y no creo que la Corte Suprema de Tucumán se expida al respecto, declarando si el fallo absolutorio y el juicio son válidos o no, antes de las elecciones legislativas nacionales de octubre de este año. Por los tiempos procesales o por una cuestión política sobre el manejo de los mismos, como ocurre en los máximos tribunales, es poco probable que la Corte Provincial se expida antes de noviembre del año en curso. En el supuesto caso que la Justicia tucumana declare la nulidad del proceso y ordene realizar un nuevo juicio, todos los acusados tienen el derecho de interponer un recurso extraordinario ante la Corte de la Nación. Ese recurso debe ser analizado antes por el Superior Tribunal de la Provincia y suponiendo que este conceda el recurso y gire las actuaciones a la Corte de la Nación, por los tiempos procesales que se manejan en estos tribunales y ante casos similares al de Marita, se va a expedir recién en 2014 o 2015. Es decir, la posibilidad real y concreta de que este juicio oral y público sea anulado y se ordene realizar un nuevo debate recién se va poder concretar dentro de dos o tres años.
-¿Cómo se puede mejorar la administración de justicia en Tucumán?
-Un elemento fundamental que hay que abordar es la necesidad de instalar, de una vez por todas, en el proceso penal de la provincia de Tucumán el juicio por jurados. Los legisladores, además de rasgarse las vestiduras, como lo están haciendo con el caso de Marita Verón, debería que trabajar en diseñar un mecanismo de juicios por jurados, como lo están haciendo en este momento la Provincia de Buenos Aires y como impulsa la Presidenta de la Nación.
-¿Por qué cree que no se aplica?
El juicio por jurados está previsto en la Constitución y no se aplica porque a los poderes políticos no les conviene, debido a que les quita el manejo de la administración de justicia en los casos mas graves. El juicio por jurado lo que hace es poner en la representación de ciudadanos comunes la decisión de si un hecho delictivo ocurrió o no. No es un solo juez o un solo fiscal al que es fácil corromper desde el poder político, sino un grupo de ciudadanos, que se eligen de un padrón donde tanto las defensas como las partes acusadas realizan tachas e impugnaciones. Es un proceso judicial que ha funcionado bien en distintos lugares del mundo, incluida la provincia de Córdoba, que tiene un mecanismo mixto de juicio por jurado, que integran jueces y ciudadanos elegidos de un padrón electoral. Es fundamental aplicar este tipo de sistema para resolver casos con la trascendencia como este de Marita Verón.
“El Tribunal Federal habría dictado condenas”
El fiscal Antonio Gustavo Gómez aseguró durante la entrevista concedida a nuestro diario que "si este mismo juicio por Marita Verón hubiera sido llevado adelante en el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) los trece imputados hubieran sido condenados, porque la apreciación de la prueba producida, sobre todo de la testimonial, habría tenido una valoración diametralmente distinta a la que hizo la Justicia Provincial". En este sentido, apuntó que "sólo hace falta leer los fallos del TOF en materia de delitos contra los derechos humanos para notar la importancia y la validez que e les da a los relatos de testigos, aún cuando se trata de hechos ocurridos hace más de 35 años. Esto demuestra que el criterio de los jueces provinciales discrepa y mucho a los que utilizamos en la Justicia Federal en relación a los testimonios y al valor que s les da a los mismos", resaltó. Finalmente, al ser consultado sobre la sentencia absolutoria de la polémica, Gómez expresó: "En el caso Verón, de acuerdo a lo que pude leer en la prensa, porque no estudié la sentencia detenidamente, indica que había pruebas suficientes como para establecer una condena contra todos los acusados por el delito de trata de personas".
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