"Los derechos de los niñ@s deben ser una cuestión de Estado."

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Escuchemos a los niñ@s!

jueves, 28 de febrero de 2013

#DEMOCRATIZACIONJUDICIAL


EL PAIS › LA CONVOCATORIA DE “UNA JUSTICIA LEGITIMA” EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

Por un nuevo paradigma en el Poder Judicial



 Por Irina Hauser
No era una fiesta, pero por momentos parecía serlo. Había algo en el aire, en el bullicio, en la forma de saludarse y esperar, cierto clima de estudiantina y entusiasmo colectivo. El auditorio de la Biblioteca Nacional empezó a saturarse de jueces, fiscales, defensores, académicos, empleados, estudiantes y curiosos con un visible ánimo asambleario. Se llenaron el hall, el café, la explanada. El espíritu del evento quedó reflejado en el lema de una “justicia legítima” y condensado en el discurso inaugural de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien marcó contrapuntos con la exposición del día anterior del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”. Lo que siguió, toda la tarde, fue una catarata de pequeñas alocuciones algo caóticas, de participantes variopintos que lanzaban ideas y propuestas para democratizar y romper el carácter corporativo del Poder Judicial, que al final del día difundieron un documento que dice que llegó la hora de “mirar hacia adentro” y promete una “autocrítica” (ver aparte). “No son los números de la Policía Federal, pero estamos llegando a mil personas”, bromeó desde el escenario el fiscal Félix Crous, ante una masa inesperada de gente. “Justicia legítima” identifica a funcionarios y empleados de tribunales que publicaron dos solicitadas para decir que no se veían representados en las denuncias de presiones políticas formuladas en un comunicado de la Comisión de Independencia Judicial de la Corte, la Asociación de Magistrados y entidades amigas, en medio del trámite de la causa sobre la ley de medios. Advertían ya entonces que la independencia judicial es mucho más vasta y debería ejercerse respecto de todos los poderes y corporaciones, incluso la mediática, la económica, la eclesiástica y la judicial misma.
–¿Usted sabe de los reclamos ante esa Comisión de Independencia? –miró Alejandro Slokar al juez Mario Portela. Como integrante de un tribunal en La Plata, Portela había planteado que el diario La Nación presionaba con sus editoriales en defensa del ex ministro bonaerense Jaime Smart cuando estaban por dictarle sentencia por crímenes de lesa humanidad. “Se devuelve por desconocerse destinatario”, decía el sello que rechazaba su denuncia. Slokar reclamó representación en esa comisión o la creación de un observatorio.
“Justicia legítima” se presentó desde sus inicios como la antítesis de la Justicia corporativa, verticalista y cerrada. “De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del Poder Judicial burocrática y autoritaria, alimentada durante décadas, que hoy subsiste”, sostuvo Gils Carbó. Una de las primeras frases que dedicó a Lorenzetti fue: “Para promover la democratización se requiere más debate que consensos, más discusión que unidad corporativa”. En un raconto de historia judicial atravesado por “una ficción de Justicia independiente”, Gils Carbó pasó por la Corte de 1930, que convalidó los golpes de Estado, por la Justicia dictatorial como “punto más alto de apartamiento de valores democráticos”, las reformas de la recuperación democrática y hasta el papel de los tribunales en los noventa, con las privatizaciones y los procesos de concentración económica.
La mención de la Procuración a la destrucción del sistema jubilatorio con las AFJP no pareció casual. Lorenzetti dijo conmoverse por los jubilados y suele responsabilizar al Gobierno. “¿Dónde estaba la administración de justicia cuando ocurrían estas inequidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba el furor por las cautelares que conocemos hoy?”, disparó. Para diferenciarse –otra vez– del supremo que enumeró fallos de los últimos años de la Corte, ella dijo que no alcanza con repasar “jurisprudencia” ni con “buenos fallos mientras se mira al costado del aparato instalado para detener su cumplimiento”, cuestionó.
Las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, causaron conmoción. Relató su acercamiento a la Justicia, en busca de su hija y su nieto, a jueces a los que no les conocía la cara y que llegaron a mandar decirle que “terminaría en una zanja”.
La frase “es un momento histórico” fue el hit de la tarde. Luego se mezclaron cientos de ideas: que los jueces deben asumir su papel político y que toman partido, como dijo el juez de Casación bonaerense Daniel Carral. Los concursos públicos, el juicio por jurados, la reforma procesal, el impuesto a las Ganancias. La necesidad de ver qué y cómo se enseña en la facultad, que sienta las bases del modelo de justicia, dijo la jueza de la Corte porteña Alicia Ruiz. El abogado Beinusz Szmukler retomó la idea de que los jueces no tengan cargos. El interrogante sobre cómo cambiar una estructura totalitaria heredada de la última dictadura y la ausencia de “administración de justicia para los sectores vulnerables” fueron muy mencionados. El único contrapunto de la jornada fue a raíz de la intervención del titular de los Judiciales, Julio Piumato, quien fue cuestionado por algunos de los presentes.
La defensora general, Stella Maris Martínez, quien estuvo como Gils Carbó empujando la realización del encuentro, dijo: “Hoy la Justicia argentina es como la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, que daba misa de espaldas al público”. “Sentimos malestar en la conciencia”, confesó. Y criticó a Lorenzetti por mantenerse “en la superficie de los problemas”. Las palabras de Gils Carbó se caracterizaron por poner en crisis manejos que el sistema judicial naturaliza como “las asimetrías del mercado que se trasladan al pleito”. Y alertó: “La matriz corporativa reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el régimen establecido”.
Hoy seguirá el encuentro con cuatro talleres de los que se espera que surjan propuestas y tal vez se sienten las bases de alguna nueva modalidad de organización o asociación civil que pueda canalizarlas.

miércoles, 27 de febrero de 2013

Primer Programa de los Pibes tienen la Posta! En pag oficial del DipFernando Chino Navarro


FEB27
Por: PrensaBlogger 
miércoles, 27 de febrero de 2013  
Consultado sobre la democratización judicial, en diálogo con Daniela Lezcano, en el programa "Los pibes tienen la posta", dedicado a tratar el tema del abuso sexual infantil y que se emite de manera local en la ciudad de Tandil por FM "El muro" 102.5, el diputado de la provincia de Buenos Aires y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, expresó que "la democratización judicial es un concepto que tiene que ver con la realidad de la justicia de todo el país".
Así, afirmó: "Si bien el Poder Judicial se ha democratizado de manera restrictiva, porque hay muchos jueces y fiscales que han sido elegidos en etapa democrática, para ser integrante del Poder Judicial, en alguna instancia con alguna responsabilidad, requiere que uno sea abogado; para integrar el Consejo de la Magistratura en una legislatura, se requiere ser abogado; y esto es un contrasentido. Porque cualquier diputado puede votar leyes muy importantes, muy trascendentes para cualquier ciudadano; pero, para analizar la conducta de un juez, de un fiscal o de un defensor, si no se es abogado no se puede hacer. A los jueces se los juzga, sí, pero siempre en determinadas circunstancias, siempre en instancias muy acotadas. Por eso, cuando la Presidente habla de democratizar la justicia, está hablando de esto: de que todos seamos iguales ante La Ley".



Para el diputado Navarro, el concepto de democratización judicial abarca "desde la Cámara Civil y Comercial, por ejemplo, que ha detenido la plena vigencia de la Ley de Medios; pasando por un fallo en Tucumán absolviendo a los presuntos culpables de la desaparición de Marita Verón; y hasta Buenos Aires, en donde si uno analiza la composición de las cárceles, la gran mayoría de las personas que están presas o recluidas carecen de sentencia y la lentitud judicial que exaspera, que no genera justicia, hace que la sociedad descrea de la justicia, que es pilar de las instituciones democráticas".

En ese contexto, agregó: "Si a eso le sumamos que tenemos un poder judicial conformado por una corporación muy cerrada, no abierta a la sociedad, que va desde no querer pagar los impuestos que paga cualquier ciudadano hasta tener un cargo que dura toda la vida de forma vitalicia, sin ningún tipo de examen, control, verificación, ni ninguna participación en ninguna actividad vinculada a un control social o de participación comunitaria, hace que sea necesario, imprescindible, revisar el funcionamiento del Poder Judicial. Hay muchas cosas por corregir, somos una democracia joven; pero, el Poder Judicial se ha quedado atrasado en comparación con los demás poderes que, con aciertos y errores, han ido evolucionando. El Poder Judicial está más ligado al siglo XX en lo que hace a privilegios de un poder cerrado, donde no siempre se atiende como corresponde a cualquier ciudadano, sobre todo a los más humildes, a los que menos tienen. Cuando se establezca la Ley de Jurados, cualquier ciudadano va a poder decidir sobre la libertad o la condena de una persona; pero, para analizar la conducta de un juez, se requiere ser abogado y es una condición absolutamente restrictiva porque, más allá de la intención de sus integrantes, termina cerrándose en una corporación. Por otra parte, todo el proceso, hasta el lenguaje jurídico, es tan engorroso, tan complejo, que para la mujer y el hombre común es un idioma en el que nos hablan y no sabemos qué nos están diciendo. Pareciera que está hecho todo para que estemos lejos, para que no entendamos y, después, nos enteremos si nos fue bien o mal si es que hay alguna vez sentencia".

Luego, consultado sobre los casos de abuso infantil ocurridos particularmente en la ciudad de Tandil, en donde el diputado Navarro solicitó, conjuntamente con el senador nacional Aníbal Fernández, el enjuiciamiento luego rechazado al fiscal Piotti, acusado de cometer irregularidades en causas en las que se debían investigar abusos sexuales contra menores; el dirigente del Movimiento Evita expresó: "El tema de los niños es un tema complejo. Pero, lo que se ha sufrido en Tandil, que ha adquirido notoriedad pública y nacional por lo informado por los medios, no es un tema exclusivo de Tandil. Esto, lamentablemente, es genérico. La justicia debe condenar los delitos y sanar, curar el daño ocurrido a las personas que son víctimas o damnificadas. Y cuando la Justicia no actúa, además de no brindar justicia, en vez de curar o sanar, termina agravando el hecho, porque pareciera que el delito se comete en dos oportunidades: cuando se lo sufre y, luego, cuando se lo deja impune. La justicia no está preparada para ahondar en determinados temas, como el abuso de menores; además de que no se pueda descartar que, en algunas circunstancias, hasta pueda haber determinado grado de connivencia por intereses, relaciones o amistades", afirmó y agregó: "Por eso, nosotros,cuando pedimos el enjuiciamiento al fiscal Piotti, que generó tanta reacción de algunos sectores de Tandil, la mejor forma de saber si nos habíamos equivocado era permitiendo que se desarrollara la investigación y, el cuerpo integrado por abogados, diputados y miembros de la Justicia, obturó la investigación. Si se hubiera investigado, y si esos ciudadanos de Tandil que están enojados conmigo y lo manifiestan con agravios a través de las redes sociales tenían razón, y hubiese quedado en claro que el fiscal Piotti es un hombre honesto, probo, y que nosotros nos equivocamos; deberíamos haberles pedido disculpas y, quizás, no hubiese alcanzado la vida para hacerlo. Pero, como nunca se investigó, sigue estando la duda y, la duda, cuando hay un delito de las características de abuso de menores, es una duda que nos corroe, no al fiscal Piotti, a todos nosotros: a los que creíamos que había responsabilidades, a los que no creyeron que las hubiese, a las familias involucradas, a los pibes y a las personas acusadas. La Justicia debe investigar, profundizar. La investigación para una persona acusada es su defensa, es su herramienta para demostrar su inocencia. Cuando eso se obtura queda la sospecha y es una lástima: porque teníamos la oportunidad de demostrar si teníamos razón o estábamos equivocados. Cualquier resultado era un aporte para mejorar la justicia".



Prensa Chino Navarro
Fuente: "Los pibes tienen la posta", FM "El muro" 102.5
26 de febrero de 2013

martes, 26 de febrero de 2013

Audio "LOS PIBES TIENEN LA POSTA "



Primer programa : Tema La Democratizacion Judicial y los Pibes 
Entrevista Especial: Diputado Fernando Chino Navarro 



http://www.ustream.tv/recorded/29579718   (Abrir link en ventana aparte) 

sábado, 23 de febrero de 2013

#DemocratizacionJudicial


Abogados y jueces impulsan 

reforma de la justicia

La discusión se realizará entre el miércoles y el jueves en la Biblioteca
 Nacional e incluirá 
temas en como
el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los magistrados,

 y el retorno del
Consejo de la
 Magistratura como administrador del presupuesto del área











 Esta semana que empieza será distinta para el Poder Judicial. Desde el martes y hasta el viernes, la relación entre los jueces y la sociedad se convertirá en una de las prioridades de la agenda periodística. Serán cuatro días agitados, en los que abundarán las polémicas  y las réplicas. Todo comenzará este martes con el acto de apertura del año judicial, que estará encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En un hecho peculiar y acaso sugestivo, el titular de la Corte se anticipará con su discurso –hablará en la sala de audiencias del cuarto piso de Tribunales– a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso por parte de la presidenta Cristina Fernández. La tradición en este punto muestra que el jefe de Estado abre el año legislativo cada 1 de marzo y luego, unos días más tarde, el titular de la Corte hace lo suyo con el año judicial. En 2012 Lorenzetti encabezó el acto de apertura el 6 de marzo, varios días después de que la presidenta hablara en el Parlamento. ¿Qué cambió este año? En 2013, la Corte cumple 150 años de su creación, en 1863. Pero hay magistrados que consideran que la celebración de los 150 años es una "excusa perfecta" para intentar marcar la cancha antes de que se abra la caja de pandora de los debates pendientes.
La elección del martes quizá tenga que ver con lo que sucederá el día siguiente. Este miércoles comenzará el encuentro por una Justicia Legítima, organizado por una corriente de magistrados, defensores, abogados y fiscales que viene sumando apoyos. El foro seguirá también el jueves, tendrá lugar en la Biblioteca Nacional. La convocatoria tiene una impronta plural y progresista. Entre sus impulsoras más conocidas están la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Como invitado especial participará el portugués Antonio Cluny, juez de la Audiencia de Lisboa y presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel). Cluny es un ferviente defensor del ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de España. Entre las figuras que adhieren hay juristas de reconocida militancia en el radicalismo, como el ex juez y camarista José Massoni, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Fernando de la Rúa. 
 
Leé la nota competa en la edición impresa de Tiempo Argentino - Abogados y jueces impulsan reforma de la justicia



La democratización del Poder Judicial


La democratización del Poder Judicial

Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.
OPINION
Por Jorge Auat *

Por quién doblan las campanas

Cuando el 6 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de la Independencia Judicial junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros, publicó el comunicado declamando y reafirmando la independencia del Poder Judicial, la que está garantizada por la propia Constitución conforme ellos mismos lo señalan, tuve la convicción de que estábamos en presencia de una expresión más del espíritu corporativo cuyo ADN se evidencia –aunque quizá como nunca antes– en cada circunstancia en la cual la Justicia se saca la venda. Cuando se recluye, cuando no puede dar explicaciones, ahí el ropaje jurídico le sirve de coartada.
Esto produjo una reacción en cadena de singular magnitud: éramos muchos los que no teníamos nada que ver con ese comunicado. No nos sentíamos representados. Y en consecuencia nació el foro de autoconvocados que disparó una discusión que en rigor estaba postergada, o peor aún, deliberadamente ignorada: había que cambiar la historia. Y claro, era la oportunidad. Estamos en estado de emergencia institucional y hay que instalar la discusión para un urgente cambio de paradigmas. Sin duda muchos tuvieron ataques de tos. Estábamos alborotando el gallinero y les había llegado la hora: terminar con privilegios oprobiosos que irritan a la sociedad y generan consecuentemente un rechazo visceral que profundiza y agudiza el desprestigio. El comunicado del 6 fue una carta marcada, la jugada era evidente. Entre tantos ditirambos por la independencia judicial había un grito que no se podía silenciar, que era el de la corporación. Tanto es así que se cura en salud: “... esta manifestación no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos”. Como me dijo un amigo alguna vez: “Jugá la carta que te la vi”.
El funcionamiento corporativo del sistema judicial no es moco ‘e pavo. Conspira gravemente contra el Estado de Derecho. Esa corporación fue –como tal– funcional a las dictaduras. Lo decía con claridad José Massoni hace unos días en este mismo espacio: desde el año 1930 en adelante compartieron la marquesina con los gobiernos de facto. Fueron operadores eficaces de los estados policiales y creo no haber escuchado nunca en aquellos tiempos ignominiosos que se haya reclamado independencia judicial. Es más, un testimonio cabal de la patología que describo lo constituyen las causas por los crímenes de lesa humanidad: magistrados y funcionarios ponían cepos insalvables para avanzar en las investigaciones y esto no era otra cosa que el cuño de la corporación. En esas causas hay nombres de jueces, fiscales y secretarios directamente vinculados con los hechos. Las denuncias en el Consejo de la Magistratura corrían la misma suerte que las causas que las motivaban. Casos graves, quizás el más emblemático fue el de Olivera Pastor en Jujuy, un secretario a cargo del juzgado cuyo expediente estuvo más de tres años en manos de un consejero sin trámite, paralizado hasta que renunció por una movilización de los organismos de DD.HH. y de la Tupac Amaru. Todo ello con pleno conocimiento de la Cámara Federal de Salta que tiene superintendencia en esa jurisdicción. Inclusive, uno de sus integrantes, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, ensayó una defensa de ese juez en la Comisión Interpoderes de la Corte, con argumentos inadmisibles. Cómo no se iba a enseñorear la impunidad en semejante escenario. Nos cacheteaba la cara, nos hacía un corte de manga. En definitiva, una muestra impúdica del poder corporativo, el último y el más estratégico de los instrumentos para garantizar esa impunidad. Los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad han sido y son quizás el lugar más patético donde se desnudó la corporación. Allí también se oía con frecuencia “independencia judicial”. Claro, cómo no van a huir por ese camino, si la estaban poniendo a prueba. Había que rendir cuentas y ése era el problema. Cuando se habla tanto de la independencia me viene a la memoria una expresión de Scalabrini Ortiz: “Quieren liberar a los argentinos de la intromisión de los argentinos”.
Hubo un episodio que encaja cono anillo al dedo con lo que vengo describiendo, que pinta el poder de la corporación: para cubrir una vacante en la Cámara de Casación Penal, al margen de la ley aplicable al caso –que establece un mecanismo de sorteo entre los jueces de las distintas Cámaras del país–, Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios (antes miembro del Consejo de la Magistratura reemplazado por Ricardo Recondo y éste antes presidente de la Asociación, es decir un cambio de funciones) fue propuesto por uno de los integrantes de la propia Cámara, Raúl Madueño, quien no sólo llevó la propuesta, sino que además votó a favor de su incorporación. A una presentación que hice como fiscal cuestionando esa designación –antes ya lo había hecho el CELS–, la Cámara lo ratifica y el propio Cabral está presente en la deliberación. Un ejercicio de musculatura de la corporación que marca claramente quién tiene el Poder (corresponde aclarar que el juez Alejandro Slokar votó en disidencia).
El poder corporativo tiene hacia adentro un tinte casi pastoral que le da vigor, permanencia y vigencia, y es por eso que el comunicado que firma la Asociación (de la que soy socio) lo hace en mi nombre y el de todos, porque la tecnología de ese poder le permitió hablar en nombre de todos, del rebaño, siguiendo a Foucault.
Viene bien, a propósito, citar a Alberdi en su Peregrinación de luz del día, parangonando a la libertad con la tan mentada independencia judicial de la que hablamos: “Aunque impotente y confinada en la inacción, ella vive disputada por dos clases de enemigos o pretendientes, a saber: los bribones de un lado y los imbéciles de otro. Los unos la explotan so pretexto de servirla, los otros acaban de arruinarla so pretexto de defenderla. El jefe de los primeros, siento decirlo, es nuestro amigo Tartufo; el de los segundos, es nuestro Don Quijote”. Pobre Independencia.
Desde luego no es fácil salir del rebaño. Es probable un escenario de réprobos y salvos. Pero si no lo intentamos, esto no cambia. El desafío está lanzado, no hay vuelta atrás. A partir del 27 nada va a ser igual. “No preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.”
* Fiscal general a cargo de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
OPINION Por Guido Leonardo Croxatto *

La democratización y el derecho

Cuando se habla de la democratización de la Justicia, lo que se está diciendo es que la memoria dejó una marca en el derecho argentino, que tuvo o debe tener sobre la actuación de la Justicia a nivel Poder Judicial un impacto aún más profundo, que capitalice la experiencia vivida en los juicios de derechos humanos. Esos juicios les cambiaron el rostro a la democracia y al funcionamiento de la Justicia. Cambiaron lo que los abogados jóvenes entendemos por Derecho. El sentido de esos juicios es la democratización y es la palabra. No sólo la justicia, sino la democracia. El sentido de esos juicios es transformar la sociedad, de modo que una situación como la del Proceso, con jueces como los del Proceso, que una sociedad cómplice como la del Proceso, no se repita. Eso es lo que quiere decir una Justicia más “democrática”. Una Justicia abierta, que escuche, que defienda la democracia, que se comprometa, que trabaje por el derecho a tener derechos (Arendt), de los que no saben qué significa tener un derecho. Una dignidad. Una familia. Una oportunidad. Un afecto. Un vínculo. Una identidad. Un futuro. Que trabaje por el derecho de los que viven en la calle, de los que son desclasados, de los incapacitados por la sociedad, encerrados. Olvidados por el Derecho. El derecho es la antítesis del olvido. Dos puntos esenciales de la democratización son:
1) El cambio –paso– del modelo tutelar del Código Civil argentino (que sigue declarando “incapaces” a las personas, que les pone un “curador” que las representa, pero en rigor las excluye; el juicio de discapacidad o de insania es presentado como un “favor” por el Derecho, no como una “carga”, por eso se presume que la persona discapacitada no necesita “defensa” porque la incapacitación es un “bien”; un código que sigue hablando de mujeres “dementes”, de “idiotas”) a un modelo social, que entiende la discapacidad como una construcción y como una barrera. De ese modo se invierte absolutamente lo que entendemos por “discapacitado”. Se invierte lo que venía entendiendo el derecho por discapacidad. Ya no se puede hablar de personas “discapacitadas”, sino de sociedades –y derechos– que discapacitan. Que no ven. Que “declaran” la discapacidad para no verla. Este cambio de modelo tutelar alcanza no sólo a los “discapacitados” sino también a los menores que dejan de ser vistos como “objetos” a ser “tutelados” desde arriba por sus padres y empiezan a ganar en autonomía, en voz y en derechos. Son vistos no ya como “objetos” sino como sujetos de derecho. Como personas con palabra. Con autonomía.
2) La asunción de una perspectiva de género está directamente vinculada con la necesidad de construir una Justicia más democrática (y también se vincula esto, este avance de la mujer, precisamente al definitivo abandono del “modelo tutelar” en el Derecho) que vea a la mujer, que desnude todas las instituciones (penales, civiles), leyes, que fueron pensadas a lo largo de la historia contra la mujer, para “protegerla”, para “tutelarla” como a los niños, instituciones del derecho (del hombre, dirá Frances Olsen) que consolidan o refuerzan un estereotipo, el lugar en la sociedad de la mujer como madre, como cuidadora (Etica del Cuidado). Leyes que siguen presentando el rol de la mujer como un “beneficio”, la prisión domiciliaria (de la mujer, por tener “un menor o un discapacitado a su cargo”) como un “privilegio”. Como se ve, el modelo tutelar siempre trató de modo semejante/próximo a los discapacitados y a la mujer. Los vincula. Vincula la discapacidad con la maternidad. El ser discapacitado con el ser mujer. Por eso la mujer como el discapacitado –como el menor– eran siempre seres tratados –incluso hoy, es la letra de nuestro derecho– como “menores” que deben ser tratados por el curador-tutor con el criterio de un “buen padre de familia”. Esto se hace por su “bien”. La democratización de la Justicia es abandonar el modelo tutelar. Abandonar la “minoridad” de menores, la “minoridad” de las mujeres, de los incapaces, de los “enfermos dementes”. Es empezar a escuchar lo que no quiso ser escuchado. Acabar con la discapacidad es acabar con la “tutela”. Es asumir que todas las personas tienen derechos y tienen palabra.
Como se ve, al final del camino estos “dos puntos” son uno solo: el abandono de la “tutela” alcanza a todo el derecho. El abandono del modelo tutelar del Código Civil también implica un abandono de la “tutela” en el campo penal. Del derecho penal autoritario. Acostumbrado a encerrar y “tratar” a personas. “Reeducarlas” para que sean “normales”. El gran punto de la democratización es el abandono del modelo tutelar que margina “incapaces”, y sobre todo mujeres por no estar “listas” para ser independientes.
El derecho debe repensar la salud mental, debemos repensar cuál es la línea que separa a las personas “enfermas”, locas, de las personas “normales”. Cómo esas personas “discapacitadas” son tratadas por la sociedad. Y cómo son tratadas por el derecho. El primer paso para no marginar es no estigmatizar a “enfermos”: no declarar “discapacitados” donde solo deben ser vistas personas. El derecho no debe “declarar” la discapacidad, debe combatirla. El derecho no puede convalidar lo que la sociedad hace con las personas “discapacitadas” declarando que ellas “son” lo que la sociedad hace con ellas: discapacitados. El derecho está para revertir esto. No para “declararlo”.
El cambio de paradigma legislativo llegó con la nueva ley de salud mental, que toma en cuenta una perspectiva de género, gran avance, pero el nuevo modelo que trae esa ley necesita tiempo para ser comprendido por los funcionarios y operadores jurídicos que siguen trabajando y pensando (porque han sido educados y formados para trabajar así) sobre la base de la “discapacidad” (exclusión/abandono) del “discapacitado”. Sobre el silencio del “incapaz”. El discapacitado no tiene palabra.
Una Justicia democratizada es una Justicia que no conoce la complicidad, la selectividad, el olvido, el silencio. Eso trae la democratización. La contracara de la democratización es el abandono. El sentido de la democratización es la visibilización de lo que muchas veces es olvidado, queda invisible. La mujer, los discapacitados, los niños menores, los “insanos”, los “enfermos”, los “dementes”, los y las “idiotas”, han sido los grandes invisibles de nuestro derecho. Democratizar es hacerlos visibles de nuevo. Es tratar por fin como sujetos a los que hasta el día de hoy son y han sido objetos mudos del derecho y de la sociedad. Democratizar es hacer visible lo que es invisible por el derecho. Democratizar es aprender a escuchar lo que no quiere ser escuchado.
* Asesor de la Secretaría de Derechos Humanos.

viernes, 22 de febrero de 2013

La democratización del Poder Judicial



Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.


 Por Gabriel E. Ganón * y
Julián Axat ** Pag 12

En función de los más débiles

“En Inglaterra, el motivo del fracaso de todos los esfuerzos encaminados hacia una codificación racional del Derecho, así como el fracaso de la adopción del Derecho romano, se debió a la resistencia eficaz contra dicha racionalidad por parte de los grandes gremios de abogados centralmente organizados. Estos gremios constituían un estrato monopolítico de notables, entre los cuales se reclutaban los jueces de los grandes tribunales del reino. Controlaban la instrucción jurídica como una tecnología empírica, sumamente desarrollada, y combatieron con éxito toda acción a favor de un Derecho racional que amenazaba su posición social y material...” (Max Weber, 1985:196).
La cita de Weber viene como anillo al dedo al caso argentino. Pues uno de los factores históricos que cristalizaron la actual “Corporación Judicial” ha sido un entramado invisible que se ha gestado no sólo en su seno sino también afuera de ella. Nos referimos al asociacionismo de magistrados que han aportado una generación de abolengos para el reclutamiento judicial, y –de ese modo– ha dotado un habitus de saber-clase cuya solidaridad (orgánica) no sólo coadyuvaba a mantener lazos-privilegios, sino también a adscribir a la reproducción ideológica de un tipo de Derecho.
La Asociación Nacional de Magistrados nace en 1928. Dos años después se produjo la primera ruptura al orden institucional. No es casualidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de entonces estuviera conformada por cuadros que surgieran en el seno de la Asociación Nacional de Magistrados: los doctores Figueroa Alcorta, Repetto, Guido Lavalle, Sagarna, Pera; y Horacio Rodríguez Larreta (este último como procurador). En adelante, bajo el manto de la doctrina “de facto” (toda una ideología del saber Derecho), las Asociaciones de Magistrados nunca se pronunciarán ante la sucesión de golpes de Estado. En todo caso su silencio será rendirles beneplácito. Complicidad civil con el horror.
Pero pensar en nombres se torna un detalle menor (baste el nombre del actual presidente de la Asociación Nacional de Magistrados para analizar una continuidad de abolengos). Ingresar en las páginas web de cualquiera de las Asociaciones de Magistrados (provinciales-nacionales) es un hecho interesante. De entrada se advierte que las listas de reclamos (copiadas) son siempre las mismas: realizar defensa de la independencia, neutralidad, imparcialidad, intangibilidad salarial (los estatutos reproducen las mismas formulas vacías). Realización de ofertas a sus afiliados/as de: cursos de todo tipo (siempre buscando el perfil del funcionario judicial “tecnócrata”), viajes al extranjero (para vacaciones y cursos de dudoso lobby), planes de financiación para compras de electrodomésticos, televisores, autos, etc., planes de financiación para compra de libros, obras completas, etcétera (editoriales que también ofrecen una forma de pensar el Derecho).
A menos que esa realidad social o política intente capturar o discutir las posiciones de privilegio (un ejemplo reciente, en la provincia de Buenos Aires volver a ser parte “consejera” en los procesos de designación de jueces), entonces estas asociaciones sí realizan pronunciamientos de rechazo rimbombantes; pues ponen en riesgo sus intereses (de clase y saber). Si volvemos a la cita de Weber, las Cámaras y las Cortes son las más permeables a éste ida y vuelta de lobby (oculto), pues los mismos jueces que componen las asociaciones luego son parte del entramado que de afuera influye (en ida y vuelta) y resiste los cambios.
En resumen, las Asociaciones de Magistrados vienen funcionando históricamente para mantener los privilegios de una casta autorreclutada, generando mecanismos de presión (solapado) sobre los tres poderes estatales para seguir acumulando la misma clase de privilegios, y fortalecer idea de pertenencia y ascenso, bajo un mismo saber: el Derecho de los sectores acomodados.
La consecuencia de este modelo de asociación (al que deben sumárseles colegios de abogados y unidades académicas) es una racionalidad jurídica hegemónica con valor altamente tradicional y antipopular. El dato no es menor, porque la mayoría de los jueces de este país están colegiados, de allí que deleguen poder para construir entidades y representantes que reproducen clase y dotan de imagen el Derecho, emparentada a la misma ideología a la que se pretenden parecer. Un Derecho para ellos, aislado (o enfrentado) a la vida social y política de los sectores más bastos de la sociedad (a los que no se quieren parecer).
Hace bastante tiempo, el especialista y amigo Roberto Bergalli escribía sobre la necesidad de que la Sociología de la Justicia debía tomar en consideración el fenómeno particular del Asociacionismo Judicial para indagar por qué, para qué y cómo se asocian los miembros del Poder Judicial; por entonces Bergalli decía: “... independencia judicial y asociacionismo son dos fenómenos estrechamente vinculados en el análisis de cualquier intento de lograr una Justicia democrática”.
Replantear la idea de Asociacionismo Judicial en la Argentina como necesaria para dar un salto cultural que exceda la autopreservación corporativa. Pues aun cuando la asociación alternativa sea incipiente, el eje de su nacimiento es la contradicción con el estado actual de las cosas y la necesidad de su democratización. Una identidad de funcionario judicial que busca afianzar los valores democráticos constitucionales de sí mismos, para afianzar –a su vez– la de los sectores excluidos y postergados. Tres experiencias son interesantes para tener en cuenta en estos tiempos:
n Durante la década del ’60/’70, la llamada “Gremial de Abogados” que crearan Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde y muchos otros, logró marcar una experiencia inédita de “asociacionismo”. Aunque abogados, y no magistrados, la defensa de presos políticos no podía ir de la mano de una Asociación o Colegio de Abogados tradicional, pues los valores dominantes de esas entidades estaban arraigados a la opresión contra la que esos abogados se enfrentaban a las patronales, o los perseguía la dictadura y hasta los hacía desaparecer. La ruptura de la llamada “La Gremial” era desconocer “una Justicia ilegítima”.
n La obra agotada Estructuras Judiciales, escrita por Raúl Eugenio Zaffaroni hace más de un lustro, mostraba muchas de las cosas a las que referimos. De allí que el profesor Zaffaroni ha sido y seguirá siendo el doctrinario argentino más comprometido con los cambios democratizadores (no creemos que haya parangón con ningún otro doctrinario-operador), pues ha sido señero con una escuela de discípulos que tienen muy en claro que no se debe reproducir una racionalidad como la que hemos mencionado arriba; siendo la reducción del poder punitivo una forma de reducción de una cultura judicial autoritaria, y sus asociaciones que la retroalimentan.
n El pensamiento alternativo del ya citado R. Bergalli, o el de E. Mari y C. Cárcova, quienes entendieron la necesidad de reformular el Derecho argentino, poniendo sobre la mesa la construcción de nuevas prácticas, imaginarios saberes para la democracia y la pluralidad. La imagen del Derecho, al decir de la teoría de las ficciones de E. Mari, debe ser la de construir una nueva “Poeisis”. Un Derecho sin poesía (sin poetas) está condenado a morir, como lo está la Justicia tecnocrática (de management), oscura, retórica y des-comprometida hacia las necesidades concretas de los más desaventajados.
Se habla de “pluralismo”. Pluralismo es un concepto vacuo y puede ser funcional a los sectores de los que se pretende desmarcar. Hablemos de “pluralismo en función de los más débiles”, el contenido es más preciso. Tampoco se trata de pensar tres o cuatro modificaciones para “la Justicia” (pago de Ganancias, juicio por jurados, exámenes periódicos, etcétera). Esas son reivindicaciones puntuales que, aunque muy necesarias, a esta altura son más que conquistables. En todo caso debemos consolidar una “nueva Cultura Jurídica” para pensar desde allí “una Justicia legítima”. Se trata de recuperar y tematizar experiencias que se atrevieron a una ruptura con los tradicionales “asociacionismos” (como los que apuntamos). Abrir el juego a la mirada de funcionarios jóvenes, a la idea de “juristas políticos” inventores de nuevas prácticas y totalizaciones. Claro, lograr este nuevo modelo de Justicia requiere llevar la discusión a los ámbitos académicos, escuelas judiciales y colegios de abogados. Ese es el desafío.
* Defensor general público de la provincia de Santa Fe.
** Defensor público juvenil de La Plata.

miércoles, 20 de febrero de 2013

La democratización del Poder Judicial


La democratización del Poder Judicial

Un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.
Opinión

Modelo para armar

Por Javier Augusto De Luca *  Pag 12 


                                                           
La inusitada situación generada en el segundo semestre de 2012 por el trámite de una demanda judicial en la que se pretende la inconstitucionalidad de unos artículos de la ley de medios audiovisuales despertó asuntos que estaban latentes, ocultos por el devenir cotidiano, que seguramente los actores de ese coyuntural conflicto no tuvieron en cuenta.
En realidad, el caso sirvió como elemento catalizador de una serie de sensaciones contenidas para muchísimos actores judiciales que no veníamos expresando nuestro descontento con una determinada forma de hacer justicia y de proceder de los hombres y mujeres de la Justicia.
Muchos de nosotros deploramos el tratamiento judicial de los casos por fuera de los expedientes y los estrados judiciales. No en el sentido de dar noticias y opiniones por la prensa, sino en el de hacerlo de un modo oscurantista, con juegos de palabras, declaraciones públicas redactadas en forma ambigua, con secreto de las fuentes de información, que no terminan de decir claramente a qué sucesos concretos se refieren y que siempre parecen apuntar a presiones que no se denuncian con precisión, y a callar las acciones de esa índole de algunas partes procesales cuyo poder real ha atravesado y estado presente en todos los gobiernos, democráticos y dictatoriales.
Quizás esta reacción de cientos de magistrados y funcionarios de todo el país pueda ser aprovechada por el PEN en este momento, pero ese es un dato ajeno a nuestros reclamos, porque no se trata de un asunto generado desde el PEN o por representantes de medios de comunicación en litigio o por un puñado de magistrados judiciales, sino uno ya existente desde antaño. El sistema se reproduce en todas las jurisdicciones, donde parece ser imposible administrar justicia imparcial cuando una de las partes goza de un poder real, sea o no sea superior al del gobierno de turno, se encuentre alineado con él o en contra de él.
Un denominador común del descontento y del desconcierto de la ciudadanía en general es la hipocresía que manifiestan algunos que hablan como si no existieran determinados grupos de poder económico y social que tienen todo arreglado y controlado ante los tribunales, con múltiples formas de influencia, sutiles o directas.
La llamada democratización de la Justicia comienza con concursos abiertos y anónimos para que los puestos judiciales sean conformados con chicos y chicas de todos los estratos sociales y disímil pensamiento e ideología, para que en 10 o 20 años se conforme un Poder Judicial pluralista en todas las jurisdicciones, lo cual asegurará un nivel de discusión totalmente diferente con los gobiernos de turno y con los poderes económicos y sociales reales, en estrados conformados por esa gente. Y sigue con los consejos de la Magistratura nacional y provinciales, que demandan mayor participación en las elecciones y mayor transparencia en los concursos. Por ejemplo, en el ámbito nacional, los fiscales y defensores oficiales, y una multitud de funcionarios judiciales que son abogados, que actuamos de manera necesaria en todos los “expedientes”, no podemos votar para consejeros jueces, mientras que sí lo pueden hacer los abogados de la matrícula que ejercen la profesión de manera privada y los funcionarios y magistrados afiliados a la AMyFPJN.
La democratización también alude a la transparencia de los actos judiciales, como clásico método anticorrupción (que no es sólo económica). Todo a la vista. Todo escrito o grabado o filmado en las resoluciones o dictámenes correspondientes y en un lenguaje simple. Este método genera obstáculos a quienes resuelven sus asuntos por debajo de la mesa y después los colorean con argumentos jurídicos. En ello también están incluidos los conflictos de intereses. Hoy en día, todas las convenciones internacionales anticorrupción se refieren a ellos y tienen mecanismos para evitarlos o solucionarlos. Todos podemos quedar envueltos en conflictos de intereses sin quererlo, pero cuando nos lo anotician, debemos pedir disculpas y excusarnos inmediatamente. Y estos conflictos no se presentan de manera desembozada, sino de las formas más sutiles y oblicuas. Como diría Carrara, el ruego de los poderosos es una manera violenta de mandar. Esto que fue desnudado y explicado hace 150 años, que es una sencilla descripción de hechos de la vida, parece hoy olvidado en un cajón.
Existe una práctica que todos conocemos, pese a que quienes la llevan a cabo creen que no la advertimos. Se trata de resolver los casos midiendo los tiempos políticos o sociales, y no los procesales. Cuando se vienen las elecciones, nadie resuelve una causa de gravedad institucional. Y el no resolver las cosas, también es una forma de decidir; se trata de un ejercicio del poder de la peor calaña.
Ello no ocurre por la vetustez de los procedimientos, porque todos los códigos procesales permiten resolver las cosas en pocas horas o días, sino de actitud. El abuso del lenguaje técnico prioriza la burocratización, como un fin en sí mismo, para no expedirse sobre el fondo de los casos.
Se está hablando del Impuesto a las Ganancias, y no hay motivos para que los funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público no lo paguemos. Pero cuidado, eso no asegura una mejor administración de justicia. Una discusión meramente contable no puede comerse la cuestión mayor que se refiere a cómo deben conformarse los tribunales y ministerios públicos para garantizar una forma de tratamiento y decisión de los casos judiciales de manera compatible con la Constitución Nacional y los Pactos de Derechos Humanos, no como una mera descripción normativa, sino con la ideología que los inspiran.
* Fiscal general. Cámara Federal de Casación Penal. Titular asociado Derecho Penal y Procesal Penal. UBA.

Opinión

Democratizar la (in)justicia

Por Mauro Benente *
A primera vista, el debate sobre la democratización de la Justicia presenta un panorama por demás tormentoso, entre otras cosas porque combina las ideas –o ideales– de democracia y de justicia. Tal vez un primer paso en este sendero bien sombrío sea despejar la noción de justicia. Es un valor que puede construirse individual o colectivamente, pero de ningún modo debe confundirse con una institución como el Poder Judicial. De lo que se trata es de democratizar una institución que guía el destino de los individuos, que puede funcionar de modo justo, pero también de modo muy injusto.
De todos modos, esto no parece resolver completamente el asunto, porque resta indagar las implicancias de la democratización. Etimológicamente democracia remite al poder del pueblo (o de los barrios) pero, al menos en la Atenas del siglo V a.C., muy unida a esta noción estaban las de isonomía –igualdad ante la ley– e isegoría –igualdad de palabra–. Avanzar por el camino de la isonomía y la isegoría nos puede aclarar aún más el camino, ya menos tormentoso, de la democratización del Poder Judicial.
Sin dudas, aquello que resulta más escandalosamente violatorio de la isonomía es la exención que tienen los jueces de pagar el Impuesto a las Ganancias –tributo por estos días muy en boga–. Aquí es importante aclarar que no es la ley la que los exime. Ella los obliga a pagar, pero la Corte Suprema, mediante una acordada de 1996 –que podría ser derogada en cualquier momento por el máximo tribunal–, ha decidido que los jueces no debían pagar el impuesto. Pero no solamente los jueces no tributan, sino que los funcionarios tampoco lo hacen y, como si esto fuera poco, la Corte ha resuelto causas en las cuales ha impedido que a jueces jubilados –es decir, a personas que ya no son jueces– se les cobre. De todos modos, este privilegio debe inscribirse en otros tantos, como los cuarenta y cinco días de vacaciones al año, la jornada laboral de seis horas y los sueldos notablemente altos en comparación con otros empleados estatales como los médicos, quienes todos los días realizan el ideal de justicia salvando vidas y curando enfermedades. Los privilegios en general, y algunos de los que gozan los integrantes del Poder Judicial en particular, son muy malos compañeros de la isonomía y, por ello, de la democracia.
Por otro lado, en la democracia ateniense del siglo V a.C., cuya asamblea requería de un quórum de seis mil ciudadanos para iniciar algunos de los debates, la isegoría, la igualdad de palabra, era otro valor central. Esta igualdad de palabra es notablemente dificultosa de hallar en una institución como el Poder Judicial, puesto que allí no todas las palabras tienen el mismo peso. En primer lugar, la palabra de los verdaderos afectados es casi nula, puesto que a diferencia de los procesos en la Grecia clásica, en donde los individuos hablaban por sí mismos, en los procesos modernos es necesario un abogado o una abogada que hable en lugar del afectado o afectada. Sin embargo, el asunto se torna notablemente más sombrío cuando se advierte que por sobre las partes hay una palabra que tiene más peso: la del juez o la jueza. El magistrado es quien construye el relato sobre los hechos. Los hechos ya pasaron, nunca es posible saber efectivamente qué ocurrió –justamente porque ya aconteció–, pero en la desigualitaria distribución de la palabra, el magistrado es el único facultado para armar un relato sobre lo que supuestamente sucedió. Algo similar ocurre con el derecho. Si bien la ley está escrita, es un significante vacío al que hay que dotar de sentido: no es lo mismo la noción de propiedad privada para alguien que vive en un barrio de emergencia –donde los jueces y las juezas generalmente no viven– que para quienes están radicados en un barrio cerrado.
Es cierto que pensar en un proceso judicial que respete plenamente la isegoría puede sonar dificultoso a corto plazo. De todos modos, aunque sea el juez quien mantenga una preeminencia en la distribución de la palabra y en la construcción del relato, eso no implica que sea siempre el mismo juez o la misma jueza. La garantía de estabilidad de los magistrados estipula que a menos que sean destituidos por un jurado de enjuiciamiento o, si se trata de un juez o jueza de la Corte Suprema, por un juicio político, son vitalicios en sus cargos. Los jueces y las juezas no provienen de la elección popular y es casi imposible que sean removidos de sus cargos. Si bien esto ya debería provocar cierto ruido, un ejemplo puede ayudar a graficar la gravedad de la situación: de acuerdo con los datos del último censo, de los poco más de 40 millones de habitantes de Argentina, 21 millones tienen 29 años o menos, lo que no implica otra cosa que el hecho de que más de la mitad de la población no solamente no votaba, sino que ni siquiera había nacido cuando Enrique Petracchi y Carlos Fayt asumieron como jueces de la Corte Suprema. Esto no los transforma en malos jueces, sino que simplemente es una muestra de la distancia que tiene la estructuración del Poder Judicial con el valor de la isegoría. El propio rol del juez rompe con la isegoría y, además, los añicos de esa rotura son pisados hasta la destrucción si el sistema contempla que sean siempre los mismos jueces y las mismas juezas.
Según creo, hablar de la democratización de la Justicia implica entrometerse con dos nociones notablemente complejas. Proponer la discusión en términos de democratización del Poder Judicial y avanzar por la huella de la isonomía y la isegoría, entiendo que nos permite establecer algunas pautas un poco más claras en la discusión. Nos permiten, pues, democratizar la (in)justicia del Poder Judicial.
* Profesor en la Facultad de Derecho de la UBA/ Conicet.

martes, 19 de febrero de 2013

Presentacion del Programa LOS PIBES, TIENEN LA POSTA!


Comparto la Presentacion del Programa escrita por el Mas Capo: El Duende Muchas Gracias Fm 102.5 Radio  El Muro

LOS PIBES, TIENEN LA POSTA ...



Por los derechos de los niños.

Por justicia para las victimas de abuso sexual infantil.-

Por una pronta aparicion de los jovenes y adultos desaparecidos.-

Por la democratizacion de la justicia.´

LOS PIBES... TIENEN LA POSTA...



Desde el martes 26 de febrero de 9 a 10 hs 

CONDUCCION LIC. DANIELA LEZCANO

POR LA 102.5 FM EL MURO www.fmradioelmuro.com.ar 

domingo, 17 de febrero de 2013

Avanza la #DemocratizacionJudicial


Democratización, reformas y disputas en el Poder Judicial

El oficialismo en el Consejo de la Magistratura trabaja ya en una iniciativa que establece el acceso por concurso para todos los cargos judiciales. La Corte Suprema tiene su propio proyecto, que prometen más amplio.                                   
                                                                             

 Por Irina Hauser  Pag 12     
Fue como una palabrita “mágica”, que vino a remover el avispero, que alborotó los tribunales, las oficinas legislativas, las charlas de ascensor y de café. Cristina Kirchner dijo a mediados de diciembre que es imperioso “democratizar” la Justicia, y aunque nadie sabe exactamente qué tiene en mente, todo el mundo entendió que estaba hablando de cambiar la cultura y la lógica de la familia judicial –cerrada, vertical, burocrática, elitista–, ese poder del Estado que se ocupa de decidir sobre la vida y la libertad de la gente. La inquietud sobre cómo hacerlo activó tormentas de ideas en vastos sectores de tribunales y de la política. Algunas empiezan a definirse y preanuncian conflictos. El oficialismo en el Consejo de la Magistratura trabaja ya en desempolvar un viejo proyecto de reforma del Reglamento para la Justicia Nacional que establece que la única forma de entrar al Poder Judicial, incluso desde los cargos más bajos, sea por concurso y orden de mérito, impidiendo que los jueces hagan nombramientos a dedo por lazos de sangre, amistad, devolución de favores o simple favoritismo. En paralelo, desde lo alto de la Corte Suprema, anuncian que la redacción de un nuevo Reglamento está en camino, pero en manos de ellos, los jueces supremos. Hablan de una modificación más amplia, donde la apertura del ingreso es uno de muchos aspectos. La pelea por quién está facultado para cambiar el reglamento es histórica; ahora es paradójica: todos quieren democratizar. Es el espejo de los choques recientes entre la Corte (en especial su titular, Ricardo Lorenzetti) y el Gobierno.
La Presidenta lanzó al público la frase sobre la democratización judicial apenas se conoció la sentencia en el juicio por el secuestro de Marita Verón, que terminó en la absolución de todos los sospechosos. Pero era también eco de la discusión que se suscitó cuando en diciembre último la Asociación de Magistrados y la Junta Federal de Cortes –alentadas por algunos supremos– sacaron un comunicado denunciando presiones políticas al Poder Judicial, cuando era evidente que hablaban del Gobierno y la Cámara Civil y Comercial en la causa sobre la ley de medios. Un grupo nutrido de jueces, fiscales, defensores, funcionarios y académicos reaccionó con dos solicitadas en los diarios donde dejaban en claro que aquella expresión no los representaba, y que abogan por una “Justicia legítima” y que propone ahora redefinir “la independencia” judicial (y entenderla en relación con otros poderes, como el económico e incluso los medios), y hacer autocrítica, incluso sobre sus privilegios.
El debate sobre el Poder Judicial fue creciendo a lo largo del verano. El encuentro, que se hará los días 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional, impulsado por los firmantes de “Justicia legítima”, es un hecho sin precedentes, ya que hasta ahora la agenda que dictaba los supuestos temas de interés la manejaba en exclusiva la Asociación de Magistrados, con sus propios eventos y los de la Conferencia Nacional de Jueces, que convoca cada año la Corte. La presentación, la semana pasada, de un proyecto para que los jueces (y el Poder Judicial en pleno) paguen Impuesto a las Ganancias como cualquier hijo de vecino, reinstaló una polémica que la corporación judicial siempre se las ingenia para volver a freezar. La Defensoría General de la Nación (que brinda servicio de abogados gratuitos a quien lo necesita o lo elige) anunció que inauguraba el ingreso por concurso de empleados desde los rangos más bajos, porque para los más altos ya lo había implementado.

Abrir la puerta

La cuestión del “ingreso democrático” para convertirse en “pinche”, empleado o secretario en tribunales fue tema entre integrantes kirchneristas del Consejo de la Magistratura en los últimos días. Establecer concursos para los nombramientos es una de las iniciativas que no requerirían ni siquiera la sanción de una ley, sino la aprobación de nuevas reglas internas. En 2004 el entonces representante del Poder Ejecutivo Joaquín Da Rocha, presentó una propuesta que llegó a quedar aprobada en la Comisión de Reglamentación del organismo, pero hasta ahí llegó, ya que la Corte impidió que avanzara, con el argumento de que sólo ella puede dictar los reglamentos de la Justicia. Es un punto que, cíclicamente, cada tanto, la vuelve a enfrentar con el Consejo, donde se aferran al artículo 114 de la Constitución, que dice que este cuerpo se ocupará de “dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de Justicia”. Tras su aprobación en la Comisión de Reglamentación, el proyecto de reforma precisa el visto bueno del plenario del Consejo de la Magistratura. Para aprobarlo alcanza el voto de la mayoría simple de los presentes.
El proyecto de Da Rocha nunca quedó en el olvido. En noviembre último fue tema central de la revista Una Mirada Gremial, que publica la comisión interna del fuero penal y que tiene cierta impronta académica. Uno de los planteos era que los jueces hoy ni siquiera cumplen con la premisa de que los ascensos deberían otorgarse sin saltear peldaños (al de la “categoría inmediata inferior”). El kirchnerismo se propone ahora trabajar sobre aquel viejo texto, según anuncian consejeros del oficialismo a Página/12, siempre con la salvedad de que “nada va a avanzar hasta que la Presidenta lo ordene”. “Por ahora la instrucción es generar ideas, no sabemos incluso qué nos puede anunciar Cristina en la Asamblea Legislativa”, dicen.
¿Qué dice el proyecto de “ingreso a la carrera judicial”? Para ser empleado, prosecretario, secretario o personal de maestranza y oficios hay que presentarse a un concurso en el ámbito del Consejo de la Magistratura, y estaría a cargo de un comité evaluador integrado por un consejero que no sea juez, un representante de la Asociación de Magistrados y uno de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. El kirchnerismo no está convencido con esa integración del comité, y la modificaría: con la Asociación el enfrentamiento es abierto; con el gremio la situación es complicada, ya que están a favor del ingreso por concurso pero en contra, por caso, de pagar Impuesto a las Ganancias.
Para ingresar al Poder Judicial, explica la propuesta, hay que rendir un examen, que será anónimo. Para los cargos más bajos se tomarán conocimientos generales; los aspirantes a secretarios tendrán que resolver un problema jurídico y responder cuestiones sobre la organización de un juzgado. Para integrar una lista de aspirantes hay que obtener más de 70 puntos sobre 100 (que abarcan conocimientos y antecedentes). Los nombramientos son por orden de mérito, pero –por ejemplo– si un juez tiene que nombrar secretario puede optar por un nombre entre los primeros diez. Quienes se presentan como personal de maestranza tendrán una entrevista y se les requiere nivel primario.
Las listas, con determinado orden de mérito, quedan vigentes por dos años. Cada vez que se libera un puesto, se puede convocar a alguien de esa nómina. La opción de elegir entre los primeros diez y no por el puntaje es cuestionada en tribunales, igual que el examen para los empleados de rango más bajo, que tal vez apenas empiezan sirviendo el café o haciendo mandados.

Quién corta el bacalao

“Seguramente vamos a tener que acordar algo con la Corte”, admite un consejero oficialista. En la Corte no se advierte, por ahora, demasiada predisposición a dialogar con ese cuerpo. Uno de los jueces supremos dijo a este diario que el tribunal viene discutiendo desde al menos octubre del año pasado una reforma del Reglamento para la Justicia Nacional que es mucho más amplio que el que plantea el Consejo, aunque incluye el diseño de un mecanismo de ingreso equitativo para trabajar en el Poder Judicial. La tarea está centralizada en manos del secretario general Alfredo Kraut, aunque en el texto trabajan secretarios letrados de todos los jueces. Ya hay borradores circulando, pero de todos modos Sus Señorías aún no se han puesto de acuerdo en grandes cuestiones, y la del ingreso por concurso es una de ellas. Algunos se oponen, por ejemplo, a que sean para todo el espinel, desde el rango más bajo, y piensan que debería limitarse a los secretarios.
“Lo que queremos plantear también es que todos los poderes del Estado tienen que hacer concursos, y que eso vale para la Anses, para Canal 7, para los directorios de las empresas públicas, todo”, advierten cerca de Lorenzetti, en respuesta al Gobierno, que focaliza la idea de democratizar en el Poder Judicial. El presidente supremo apura la redacción de las reglas remozadas, que deberían, luego ser aprobadas por el plenario de la Corte. Entre bambalinas cuentan que evaluó anunciarlas cuando haga su discurso de apertura del año judicial, el 26 de febrero, estratégicamente pautado un día antes que el encuentro de “Justicia legítima”, a quien –es bastante obvio– intenta marcarle la cancha, o torcerle la agenda, que incluye no sólo la cuestión del ingreso abierto, sino la independencia, las reglas éticas, la transparencia en el uso del dinero, el pago de impuestos y la participación ciudadana en los procesos judiciales, todos los temas más resistidos desde siempre por la corporación de los jueces.

sábado, 16 de febrero de 2013

Por los niños y Jovenes de Tandil "JUSTICIA"



 Basta de Tandil Impune 

Por Gonzalo y los jóvenes desaparecidos








La hermana de Gonzalo declaró que esta marcha no es sólo por su hermano sino "por todos los jóvenes que desaparecen y no se sabe dónde están" y pidió compromiso urgente a las autoridades correspondientes.
 por Política Tandil  | 16/02/2013






Ayer, poco después de las 20, se realizó una concentración en el Palacio Municipal exigiendo la aparición de Gonzalo Iñiguez, un joven de 19 años que desde abril de 2012 desapareció de su casa sin dejar rastros.
Su hermana, Soledad, fue quien convocó a través de las redes sociales a toda la población de Tandil, que, lamentablemente, no respondió como se esperaba.
Medio centenar de personas se reunió e ingresaron al Municipio de nuestra ciudad. Entre ellas se encontraba Patricia Escobar, quien fuera esposa del joven Giaccone y también familiares de Ariel Barbero, el hombre de 77 años que tampoco, hasta el día de hoy, se sabe dónde está.
Soledad, declaró a los medios locales que esta marcha no es sólo por su hermano sino por todos los jóvenes que desaparecen y no se sabe dónde están y pidió compromiso urgente a las autoridades correspondientes.
Por su parte, Patricia Escobar afirmó:
“Yo vine a acompañar esta concentración porque a mí la gente me está apoyando en las movilizaciones y yo siento que tengo que hacer lo mismo por el otro. Creo que alguien le tiene que dar una respuesta a la familia de Gonzalo. No puede ser que este joven no aparezca hace un año y nadie haga nada. Además, me parece que este no es un caso aislado, sino que se están dando un montón de casos pero nadie los da a conocer”.
En referencia a la causa iniciada por la muerte de Giacone, manifestó:
“Ahora que terminó la feria judicial, la causa parece que va a avanzar, espero que se pueda hacer algo, pero no guardo muchas esperanzas”.
Alrededor de las 21, el Intendente Miguel Lunghi, junto al director de Juventud, Pablo Civallieri, llegó al Palacio Municipal y, por pedido de los familiares, iniciaron una reunión en la que se comprometieron a acompañar los pedidos manifestados.
Según dichos de los familiares convocados, esta no será la única marcha, sino que esperan volver a movilizarse en los próximos días.
Política Tandil