Por Sabrina Santopinto
Se trata de los jueces de familia de Lomas de Zamora María Silvia Villaverde, Roxana del Río y Enrique Quiroga, quienes fueron denunciados por agrupaciones de madres cuyos hijos fueron víctimas de abuso familiar y que hoy luchan frente a los embates de un tribunal que vulnera el derecho de menores maltratados por sus progenitores.
Estas madres, que batallan algunas por recuperar la tenencia de sus hijos víctimas de abuso por parte de los padres, y otras que buscan proteger a sus pequeños ante los intentos de arrebato de los progenitores, denunciaron a los magistrados por recurrir a la figura del síndrome de alienación parental, una figura tendiente a revincular a los menores con el progenitor, a pesar de que este cuente con denuncia por abuso.
En la actualidad, los casos que involucran a menores víctimas de abusos son –muchas veces– tratados de manera deficiente por la Justicia. En este contexto, existen jueces que a pesar de estar frente a un proceso de investigación para determinar si un padre denunciado de abuso resulta culpable o inocente, ordenan la revinculación de los menores con su progenitor.
La orden judicial de revinculación del niño que expresa haber sido víctima de violencia o abuso sexual por parte de uno de sus padres genera polémica entre los juristas y llegó a instalar un fuerte debate en el ámbito político. Este accionar fue detectado por cantidad de madres que denuncian al juzgado de Lomas de Zamora por proceder con el ordenamiento de estas polémicas revinculaciones que no contemplan el interés de los menores.
“Consideramos que estos jueces son muy peligrosos para la sociedad. Lejos de cumplir con su rol, han destruido centenares de familias, han violentado innumerables vidas de niñas, niños y adolescentes que lo único que necesitaban de ellos era protección”, sostiene Andrea, una mamá que busca preservar la vida de sus tres hijos, abusados por su papá, caso sobre el cual los cuestionados jueces ordenaron la restitución de los menores a su progenitor.
“Mis hijos fueron sacados por la fuerza de mi casa por personal policial y, desde aquel entonces, hace un año y un mes que no pude volver a verlos. Buscaron todas las formas de comunicarse conmigo. Llegaron a esconderse en un baño para usar el celular de la persona que los cuida para contactarme. Pudimos encontrarnos a escondidas sólo una vez en una estación de servicio, gracias a la ayuda de un hombre que los llevaba al colegio. Me los arrebataron”, cuenta con bronca y tristeza Andrea.

Callar la voz de los chicos

“Estas criaturas fueron expuestas a situaciones de altísima violencia, fueron amenazados, trasladados en móviles policiales, arrancados por la fuerza de sus hogares, obligados a revincularse con sus agresores/as, obligados a vivir con su agresor/a lejos de sus familiares protectores y de sus afectos”, dijo Andrea, dejando en evidencia el accionar macabro de algunos jueces de familia que insisten con la revinculación de los niños sin escuchar siquiera cuál es su versión de los hechos. Según las madres, la metodología utilizada por el juzgado de Lomas fue la misma en todos los casos: ante la denuncia del familiar de un hecho de violencia, entre ellos casos de abuso, inmediatamente se ordenaba la revinculación forzada a través de la “terapia de la amenaza”, intentando persuadir a los menores de volver con sus progenitores.
“La conducta de estos jueces es de una enorme gravedad institucional y acarreará indudablemente responsabilidad internacional del Estado argentino, ante la flagrante violación de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño”, expresó el abogado Juan Pablo Gallego a este diario.

Tres niños presos de una disputa judicial

El caso de Karina es escandaloso. La historia es desgarradora y tiene como protagonistas a tres niños, dos mellizos de siete años y una nena de cinco, y a su madre, que enfrentó a la Justicia en todas las instancias posibles para evitar que los niños volvieran a frecuentar a su padre, investigado por la presunta comisión de abuso sexual sobre los menores. “Mis hijos decían que su papá les hacía cosas malas y la Justicia ordenaba que se los revinculara con el padre”.
La odisea que atravesó esta familia tuvo un condimento determinante: en la causa dos jueces de primera instancia, María Silvia Villaverde y Luis Alberto Zelaya, omitieron en todo momento, pese a los pedidos desesperados de la madre, tener en cuenta el testimonio de los menores que daban cuenta de los abusos que ejercía su padre y pidieron la revinculación de los chicos con su supuesto abusador. “La Justicia nunca nos protegió, por lo cual tuve que tomar a mis hijos, dejar la casa donde habitaba que era la sede del hogar conyugal e irme a la casa de mis padres”.
Esta historia deja a la vista el pésimo accionar de dos magistrados que vulneraron a todas luces los derechos de la infancia. “Acá hay una intencionalidad de ambos jueces, tanto del fuero penal como del civil, de proteger al imputado”, denuncia la madre.
Hoy después de mucho batallar esta mamá atraviesa el embate de una jueza denunciada con pedido de jury: solicitó un embargo a la madre por la suma de 663 mil pesos.
“La jueza Villaverde se aferra a este caso, resiste recusaciones y redobla su ofensiva sobre estos niños indefensos, que han indicado inequívocamente a su progenitor en actos aberrantes y prematuros. Para esta jueza, atacar a estos niños es parte de su defensa en los múltiples jurys de enjuiciamiento que afronta, y que, en avanzado estado, se encaminan hacia su destitución.”, dijo a este diario Gallego, representante de la madre y consultor internacional por Unicef.
“Mientras con fundadas razones Karina solicita el apartamiento de la jueza por su evidente parcialidad, esta resiste y agrega ahora intimidante la fijación de una insólita y millonaria multa dirigida a dejar a los niños en total indefensión”, agregó Gallego.
El tiempo transcurre y las madres piden que las denuncias y el pedido de jury a estos jueces sea atendido para que los chicos no sigan siendo revictimizados. Los jurados ya han sido sorteados y analizan las múltiples causales de destitución invocadas por este numeroso grupo de madres, que cuenta con fuerte apoyo de la sociedad civil y entidades gubernamentales.
“Los jueces enjuiciados todavía resisten y han logrado en estos meses el nombramiento de la abogada Cristina Píbida, representante de acusados por violencia o abuso sexual, como reciente jueza del mismo fuero. Píbida ahora, desde su nuevo rol, intimida a las madres protectoras con las mismas medidas de cambio violento de tenencia. Y eso también la ha puesto en el foco de las investigaciones de los organismos de control”, finalizó Juan Pablo Gallego.


El temido síndrome de alienación parental

Cuando un adulto protector, la mayoría de las veces la madre, denuncia ante un tribunal de familia o civil una situación de maltrato hacia sus hijos por parte del progenitor, pidiendo protección para los niños, en muchos casos, enunciando que se han abierto instancias penales por la posible comisión del delito de abuso sexual infantil, pedofilia o corrupción de menores, un importante número de jueces diagnostican el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Así, lejos de poner a los niños a resguardo como lo marcan la Ley 23.061 de protección integral, la propia Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, “y a pesar de que muchos cuentan con causas penales abiertas, estos jueces ordenan la inmediata revinculación de los menores con su victimario, como parte de un método que fue diseñado para ser aplicado a través de la amenaza”, explica una madre que lucha en tribunales por la defensa de sus tres hijos presuntamente abusados por el progenitor.
“La amenaza es utilizada para manipular a la madre que no coopera con el proceso que se propone desde el tribunal. Si la madre se opone a un proceso de revinculación, en protección de sus hijos, utilizando la ley como derecho a defensa, es diagnosticada como rebelde y pasa a estar en incumplimiento y desacato, con lo cual el tribunal implementará órdenes judiciales, utilizando la coerción y el hostigamiento”, sostiene la madre, quien prefiere mantener en estado de reserva su identidad. Al respecto, Nora Schulman –directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño– explica que “el SAP tiene que ver con una postura adoptada por el Poder Judicial, que apunta a que la familia es más importante, no importa lo que suceda dentro de este vínculo”.
Desde la ONG Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, su titular, Nora Pulido, advierte que muchos juzgados hoy están aprobando y legitimando la terapia de la amenaza que, cabe destacar, está tipificada en el Código Penal como delito. Asimismo, señala que “se descalifica la palabra de los chicos cuando debería transformarse en prueba”.
Lo cierto es que diferentes organizaciones de defensa de los derechos del niño hacen hincapié en los riesgos que implica reanudar el contacto con cualquiera de los padres denunciados, más aún cuando existe un proceso penal abierto. En los últimos tiempos se conformaron redes de madres de niños que expresaron haber sufrido abusos por parte de sus progenitores, denunciando que la Justicia los obliga a cumplir con el régimen de visitas, sin importar cuál es el daño psicológico que esto pueda causarle al menor.
En este contexto, cabe destacar que más de 30 víctimas denunciaron haber sufrido abusos por parte del Juzgado Nº 3 de Lomas de Zamora, “donde se denuncia a las madres protectoras por incumplimientos, cuando los mismos niños manifestaron los abusos, o cuando son los psicólogos los que recomiendan que no se lleven a cabo las visitas con el padre”.
Lo cierto es que según lo advierten especialistas en derecho de la niñez, el Síndrome de Alienación Parental “es tomado como argumento por algunos tribunales que ordenan las revinculaciones de niñas y niños con progenitores denunciados por abuso”.
El SAP, una teoría que aduce que los niños son inducidos a declarar abusos o malos tratos por influencia de la madre y no es reconocida por ninguna comunidad científica, fue considerada por especialistas como “un arma de padres pedófilos y violentos”. Este síndrome no está validado por ninguna comunidad científica del mundo y, sin embargo, es utilizado por padres que reclaman ver a sus hijos y, lo que es peor, es tomado como argumento por algunos tribunales que ordenan revinculaciones.
En este sentido, el fallo de la jueza de paz de Villa Gesell, Graciela Jofre, quien dictaminó la no revinculación de un padre denunciado como abusador y desestimó la existencia del SAP, fue reconocido por las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia no sólo por ser lo correcto sino por ser excepcional: la tendencia va en el sentido opuesto.