Hace meses, la justicia está en el centro del debate. La consigna de democratizar al poder más elitista del Estado abrió la puerta a cuestionamientos sobre el carácter vitalicio de los jueces, la exención de impuestos, su lógica corporativa. Sin embargo, poco se ha dicho sobre su carácter patriarcal, uno de los rasgos que más afecta al servicio en la vida cotidiana. "Parte del cambio tiene que ir dirigido a ver qué tipo de jueces queremos desde su ideología. Se necesita erradicar de la policía y de la justicia a aquellos violentos o a los que están identificados con el patriarcado", arriesga Carlos Rozanski, uno de los magistrados firmantes de la solicitada "Una justicia legítima". En la actualidad, Rozanski preside el Tribunal Federal Oral Nº 1 de La Plata, que condenó los delitos cometidos en el denominado Circuito Camps, e integra la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, del Ministerio de Justicia de la Nación. En diálogo con Tiempo Argentino, analiza la reacción conservadora ante los avances en materia de igualdad de género, examina los pros y contras de la ley de femicidio, y asegura que no habrá cambios en el poder judicial si las convenciones internacionales de Derechos Humanos no bajan a la calle. "Argentina tiene una legislación inmejorable. Hoy no hay excusa para no proteger a las víctimas. Los jueces cuentan con todos los elementos necesarios", sentencia.
–El año terminó con la sanción de la ley de femicidio y la reforma a la ley de trata, ¿hay un mayor protagonismo de los temas de género en la agenda pública?
–El avance de los últimos años ha sido geométrico. Tanto en el estudio, el análisis, y la concientización. Pero también vemos que en este momento hay una reacción de los afectados, los violentos, los abusadores, los intolerantes, los cómplices y quienes los avalan, los asesoran y hacen negocios. Esa reacción, aunque anárquica, está unida por la identificación y la convalidación de una historia de violencia contra la mujer, el niño, de las personas mayores. Buscan generar un retroceso y una parte de esa reacción proviene del propio sistema. Porque el poder judicial tiene componentes altamente reaccionarios que colaboran con frenar ese tipo de avances.
–¿Cómo se expresa esa reacción?
–La característica más fuerte es que mientras históricamente las defensas se encaminaron a ejercer el legítimo derecho a un debido proceso –que por supuesto los imputados han tenido, tienen y seguirán teniendo– ahora, con los conocimientos adquiridos sobre el fenómeno y la protección de las víctimas, las defensas se pusieron agresivas y elaboraron estrategias destructivas. Ahora buscan quebrar a la víctima, que se arrepienta de haberse animado a denunciar. Pero además atacan a las psicólogas que hacen los dictámenes sobre violencia. O a las trabajadoras sociales que se oponen a las revinculaciones de los niños con sus abusadores, que los jueces ordenan muy seguido, a pesar de que son dañinas y destructivas. Los profesionales son atacados, agredidos por el propio sistema, por los propios imputados, son denunciados profesionalmente. Esto es muy frecuente, y ni hablemos cuando nos alejamos de los grandes centros urbanos, cuando la soledad de la víctima es mayor. Uno de los ejemplos recientes fue el caso de Carla Figueroa. Una niña de 17 años, violada a punta de cuchillo, que un año después es llevada al matrimonio por una institución que existía en el código penal –el avenimiento–, pero que las convenciones de Derechos Humanos prohibían. La niña fue llevada con su violador por la autorización expresa de dos de los tres jueces y ninguno ha respondido por eso.
–¿Qué responsabilidad les cabe a los jueces en casos como ese?
–El poder judicial tiene una cuota de responsabilidad muy particular. Es el poder que recibe las denuncias, las investiga y sanciona. Es un rol trascendente. Si lo miramos en abstracto, cuando un juez tiene la obligación de cumplir la normativa internacional protectora de los derechos y por su incumplimiento muere una persona en algo lógicamente previsible, responsabilizar sólo al autor material es dejar de analizar quién le dio ese cuchillo. Muchas veces es la propia justicia la que le da el cuchillo. En violencia de género hay que tener en cuenta que lo único que no se puede evitar es lo que ya sucedió. Todo lo otro es posible, prevenir, detectar. Por eso, es obligatorio actuar adecuadamente y no se actúa. Argentina tiene una legislación inmejorable en materia de Derechos Humanos. Hoy no hay excusa para no proteger a una persona como Carla Figueroa. Los jueces cuentan con todos los elementos jurídicos necesarios.
–¿Y qué respuestas se dan desde el Estado?
–Para esta reacción no hay respuesta. Porque nadie estaba preparado. En la facultad se parte del derecho al debido proceso del imputado, pero hay que agregar el debido proceso de las víctimas. La psicóloga no sabe cómo defenderse cuando en un juicio es maltratada, muchas veces por los propios tribunales, por los defensores. Los fiscales tampoco fueron capacitados para este nivel de agresividad.
–Se suele decir que en estos años se han redactado muchas leyes, pero no se avanza en su aplicación, ¿coincide?
–La ley no garantiza la aplicación. Los legisladores presuponen que quienes van a aplicar no van a tener dificultad. Cuando no es correctamente aplicada, tenés que analizar institucionalmente qué sucede. Y ahí entramos la impermeabilidad de las instituciones y sus corazas a los cambios. Hay jueces que siguen pensando que a las chicas pobres violarlas cuesta menos. Se necesita erradicar de la policía y de la justicia a aquellos violentos o a los que están identificados con el patriarcado.
–¿Cómo?
–Estamos en días de replanteos muy importantes. Es la primera vez que está sobre la mesa el corazón del poder judicial, que nos vamos a sentar a discutir qué poder judicial queremos e integramos. Eso no se produce aisladamente. No se juzgan delitos de lesa humanidad 35 años después si además no hay espacios para discutir al imaginario que toma a la mujer como objeto, o cuáles son las fallas estructurales de la justicia. Es parte de la discusión de hace 40 años. El terrorismo de Estado nos dejó marcas que estamos elaborando ahora.
–¿Qué lugar ocupa, en este replanteo, la visión patriarcal de la justicia?
–A mi entender, un lugar central. No podrá haber cambios en la justicia si el primer punto no es cómo bajar las convenciones internacionales de Derechos Humanos a la calle. Tienen que atravesar a la República Argentina.
–¿Es una posición que comparte con otros colegas?
–No conozco al cien por cien de quienes firmaron. Pero creo que la mayoría apoya y apuesta a este tema. Puedo dar fe que es crucial. Hay fiscales, jueces de la casación, camaristas, funcionarios, la misma procuradora general de la nación con compromisos clarísimos.
–¿Qué cambios se podrían incluir?
–Uno tiene que ver con reforzar la capacitación, federalizarla. Tiene que ser una política pública que permita garantizar que el contenido de las convenciones sea similar en todos los rincones del país. El otro es cómo se trabaja con los funcionarios que ya están actuando, de una manera pensada, instrumentada y orgánica. En tercer lugar hay que ver qué hacer con los que no responden. Se los debe detectar y luego ejercer sobre ellos el peso de la ley, para que dejen de trabajar. Y para eso debemos replantearnos si los sistemas de remoción y acusación son los adecuados. Parte del cambio judicial tiene que ir dirigido a qué tipo de jueces queremos desde su ideología, su pensamiento. Qué visión creemos que tiene que tener del mundo, no sólo del género. Y eso se va a saldar con una discusión interna a la justicia, pero con participación del afuera. El abordaje interdisciplinario se impone y para eso tenés que hacer un avance institucional que los haga aceptarlo. Pero la justicia se ha cerrado históricamente a esto.
–¿Cree que estas demandas cuentan con aceptación social?
–Creo que la mayoría de la sociedad no está dispuesta a convalidar la violencia. En este momento hay un compromiso estatal o de quienes representan al Estado para erradicar la violencia. Eso es mérito de quienes dirigen, pero también es el compromiso de una parte importante de la sociedad. Los únicos que quedan por fuera son los violentos y los que hacen negocios con la violencia. El resto de la sociedad no la quiere y no la tolera. Pero si los violentos y sus socios atacan y agreden, y no hay respuestas, las víctimas se van a desalentar. Porque se están sintiendo desprotegidas.
–¿Por qué a veces resulta tan difícil empatizar con las víctimas mujeres?
–La resistencia es ideológica. La violencia es un tema exclusiva y estrictamente ideológico. Es la propia cosmovisión del que está evaluando un hecho. Cada uno fue formado en una cultura determinada. El juez que fue instruido en un paradigma patriarcal va a seleccionar pruebas que se adapten a su propia ideología. Eso es violencia y ese juez abre un desafío para el propio sistema: ¿qué hacer con gente que piensa así? Estamos en ese punto. Pero que sea difícil no nos libera de la responsabilidad.
"El cambio cultural no se realiza con una ley"
El pedido de mayores condenas o la inclusión de nuevas figuras penales solicitadas por el movimiento de mujeres han sido cuestionados por algunos especialistas que acusan a las mujeres de abogar por un "feminismo punitivo". Para el juez Rozanski, esa crítica se enmarca en la reacción conservadora que pretende frenar los avances en materia de género y es una forma de malinterpretar intencionadamente el sentido de su lucha. "El feminismo es una respuesta a la vulneración histórica de las víctimas. Cuando solicita leyes y modificaciones de todo tipo, vinculadas incluso al aumento de penas, lo que están haciendo no debe ser asociado con el pedido de aumento de penas que desde otro ángulo ideológico se efectúa y que va dirigido contra sectores vulnerables, que son las personas más pobres que pueblan las cárceles. Son dos cosas completamente distintas. El feminismo tiene una motivación que es la defensa específica necesaria e imposible de negar de aquello que históricamente ha sido vulnerable", sostuvo.
–Usted trabajó en la redacción de la ley de femicidio que establecía una figura penal autónoma, ¿qué opina de la norma sancionada?
–Estoy completamente de acuerdo con la ley que iba a aprobar el Senado. Cuando se elabora una ley, se la piensa en función de cómo va a ser interpretada. Jueces, fiscales o policías han sido formados para investigar un homicidio como la muerte de una persona y luego ver si tiene un vínculo con el agresor. La figura autónoma apunta a que la mirada de quien investiga se separe de esa lógica e incorpore desde el comienzo una mirada de género. Así va a buscar pruebas más amplias y no sólo servirá al momento de la aplicación. Más allá de eso, la ley sancionada me parece un avance enorme porque por lo menos hemos incorporado el concepto. Que no sea una figura autónoma no libera de la responsabilidad a los jueces, fiscales y policías de tener una mirada de género.
–¿Una reforma al código penal puede encabezar un cambio cultural?
–El cambio cultural no se va a realizar por una ley que penalice, pero si se aplica correctamente va a lograr mantener alejado al violento de la víctima. Tomemos el tiempo necesario para evolucionar a una cultura que abandone la violencia, pero mientras tanto aislemos al violento y metámoslo preso. El argumento sobre la inutilidad del derecho penal está bien aplicado, pero en los casos de hurto.
–Hay juristas de renombre, como el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, que cuestionaron la aplicabilidad de la ley y mencionaron que en el país nadie mata a una mujer por su condición.
–Todos estuvimos de acuerdo en que la definición del femicidio es la muerte de una mujer por su condición de tal. Si un ladrón entra en un banco y mata a una mujer, esa víctima no fue muerta por mujer, pero cuando un señor que le prende fuego a la esposa, la condición de mujer es esencial. Es un compromiso muy importante de nuestra sociedad aprender a diferenciar. Debemos incorporar el femicidio a la legislación, pero además a la cultura a través de la enseñanza, en la escuela primaria, donde se transmite el imaginario de la mujer como objeto. Los niños son educados en el paradigma histórico patriarcal, masculino. Y quien reproduzca esta vieja lógica tiene que generar una reacción social que lo aparte inmediatamente de su función.
–¿Cómo sucedió con las absoluciones del caso Marita Verón?
–Sí. Cada vez que la población se decepciona fuertemente de un fallo judicial, hay algo que está separando la justicia del bien común. Y acá entramos en un tema muy delicado que es el rol de la justicia. Cuando no va caminando a la par, se producen episodios en los que la gente se siente desamparada. Hay un desamparo cultural cuando una víctima siente que no la escuchan. Eso es violar la Constitución.
La ops resaltó aspectos positivos de la legislación argentina
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) resaltó los esfuerzos de 80 países para fortalecer la legislación sobre violencia contra las mujeres, pero alertó que muchas de ellas incumplen pautas sanitarias, a la vez que destacó aspectos de la normativa argentina.
"Muchas de las leyes existentes no garantizan la prevención, el apoyo adecuado y la atención a las víctimas de la violencia", señaló el informe "Legislación sobre violencia contra las mujeres: visión general de los aspectos claves", publicado en el último número de la revista de la OPS.
Las autoras de la investigación, Gaby Ortiz Barreda y Carmen Vives Cases, analizaron las leyes sobre violencia contra las mujeres en 80 países y territorios de los cinco continentes, y las compararon con recomendaciones de la OPS y de las Naciones Unidas.
Del análisis concluyeron que "muchas legislaciones no cumplen con recomendaciones clave sobre la identificación de las mujeres como beneficiarias de protección o apoyo".
También que "no determinan la función de los distintos sectores (judicial, policial, educativo y sanitario) en las intervenciones relacionadas con la violencia contra las mujeres".
Sobre este punto, el estudio ponderó que la ley argentina, la 26.485, "exige la participación del sector de la salud a través de intervenciones específicas que incluyen el trabajo intersectorial para integrar los servicios judiciales y sociales".
Al respecto, consideró que "este tipo de intervenciones puede jugar un papel importante para facilitar a las mujeres víctimas de malos tratos, el acceso a la justicia y a recursos sociales".
Otro eje del documento está relacionado con el adecuado uso de los términos, ya que algunas leyes "no cumplen con las recomendaciones claves sobre las definiciones de la violencia".
Esto es destacado ya que "en estudios previos se ha demostrado que la legislación que se refiere a la 'violencia doméstica' 'intrafamiliar' o 'familiar', en lugar de 'violencia contra las mujeres', tiende a priorizar la estabilidad de la familia por sobre los derechos de las mujeres".
La Argentina ha tomado en cuenta este aspecto ya que la normativa local se titula "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".
Además, la OPS resaltó que la ley argentina incluya tipos y modalidades que no están contempladas en otras normas similares en otros países, tales como la violencia institucional, simbólica y mediática.
Asimismo, el organismo internacional consideró que las leyes sobre la violencia contra las mujeres en las Américas "son mejores que en otras regiones" y que "la mayoría de los países y territorios del hemisferio incluyen aspectos clave recomendados por la OPS y la ONU".
Las autoras concluyeron que "en general se han encontrado importantes limitaciones en el contenido legislativo y su aplicación", en las 80 normas analizadas.
