El Pedido de Intervención del Depto Judicial de Azul en el Congreso de la Nación by @NCN

Denuncian irregularidades en la Justicia de Tandil

El secretario General de la Fundación Liga por los Derechos Humanos, Luis Santucho, remitió una nota al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, en la cual denuncia “la gravedad institucional que se esta suscitando en la ciudad de Tandil”, relacionada con “denuncias de irregularidades en causas de abuso sexual infantil”.

De acuerdo a Santucho, “la característica principal de la Justicia en Tandil es la ausencia de independencia respecto del poder político local, y su baja eficacia en el cumplimiento en tiempo y forma del estudio y resolución de los casos presentados”. Asimismo, “manifiesta una fuerte discrecionalidad en la investigación a caballo de una policía profundamente cuestionada, sumado a un escaso apego a las normas de debido proceso y a las garantías reconocidas en la Constitución Provincial y Nacional y los Tratados Internacionales que la República Argentina ha suscripto”.
En el documento, el abogado sostiene que “las irregularidades se replican llamativamente en sus variables fundamentales, lo cual genera fundadas sospechas de la existencia de un mecanismo sistemático para direccionar el resultado de las causas judiciales, siendo necesario que para lograr este funesto cometido resulta necesario e indispensable el involucramiento de las instituciones que forman parte del poder judicial y/o aquellas que lo asisten en calidad de auxiliares”. Y agrega: “Esta cooptación ha llegado incluso a los colegios de profesionales locales, cuyas autoridades se avocan implacablemente al disciplinamiento de todo aquel colegiado que se atreva a contrariar con su honesta y leal opinión, asesoramiento, gestión, etc., al sistema corrupto instalado. A través de esta implacable y persistente política no escrita de amedrentamiento que ya lleva larga data, hoy todos los profesionales colegiados saben perfec tamente lo que puede molestar al sistema".
En el escrito se denuncia que “la causa que resulta ser más paradigmática es el abuso sexual de una menor de tan solo 3 años de edad, de la cual surge que la imputada es la madre de la menor y su pareja actual, y a su vez sobrina del actual intendente de la Ciudad de Tandil. Las denuncias realizadas ante dicho organismo se encuentran abiertas pero jamás han avanzado”.
Asimismo, se destaca que “los funcionarios de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, luego de oponer un sistemático e inquebrantable silencio, hace una semana se pusieron en contacto con las víctimas y sus familiares. Según sus dichos, el tema se ‘traspapeló’ y recién ahora entienden la gravedad de la problemática. Estos emisarios han ofrecido a los familiares de víctimas la asignación de fondos especiales para crear una ONG que las asista, la creación de una UFI temática, y a su vez también manifestaron que existen otros proyectos en trámite, sin especificarlos, pero con la clara intención de ganarse la confianza perdida de los damnificados, y según los dichos de los propios familiares, tienen la descarada intención de comprarles su voluntad”.
También se denuncian vinculaciones entre el círculo gobernante y un grupo económico “compuesto principalmente por quienes manejan los medios de comunicación más importantes y masivos de esa zona, y del que se sospecha ha resultado beneficiado notoriamente por tal relación. El grupo estaría integrado, entre otras empresas, por el diario El Eco de Tandil, FM El Eco y el canal de televisión Eco TV. Desde estas plataformas mediáticas se generan operaciones de prensa contra todo aquel que intente oponerse o denuncie al andamiaje administrativo judicial aquí cuestionado”.
“A partir de la enorme movilización social y del trabajo sostenido de numerosas organizaciones sociales provinciales, los 22 asesinatos impunes, la muerte de un abogado vinculado al pago de coimas judiciales para liberar a detenidos, la imputación al fiscal general del departamento judicial de Azul por su involucramiento en el juego clandestino, fueron puestos en otra perspectiva: la de la falta de justicia, la debilidad institucional, la indefensión ciudadana y el privilegio”, asegura Santucho.
“La densidad de esta situación se manifiesta también en los numerosos casos de abuso sexual infantil, de torturas por parte de la policía, en las detenciones ilegales a familiares de activistas sociales, allanamientos sin orden judicial, y en las múltiples amenazas que reciben cotidianamente periodistas, abogados y trabajadores públicos”, agrega.
“Pese a los esfuerzos de cada familia por ejercer la defensa de los derechos de estos niños, hay pocos profesionales de la ciudad que todavía resisten en dicha lucha, muchos de ellos han sido denunciados y amenazados llegando al extremo de tener que renunciar a sus pupilos por las constantes presiones recibidas, profesionales como abogados, escribanos y hasta la propia terapeuta de algunos menores. En el caso de la terapeuta, denunció los indicios de abuso sexual en una menor, y luego ello fue constatado ginecológicamente y también por peritos del más alto nivel en psicología infantil. A raíz de esto, esta profesional en psicología, comenzó a recibir amenazas telefónicas, fue seguida con autos que luego se constato que tenían pedido de captura. Hasta el punto de tener hoy a su hermano detenido por un hecho presuntamente cometido el día 9 de octubre a la misma hora que su herman a estaba organizando la primera marcha por los derechos de los niños en aquella ciudad”, cuestiona.
Santucho va más lejos: “Existen grupos de tareas que se movilizan en vehículos de ilícita procedencia, con el claro fin de intimidar y, si fuera necesario, neutralizar a quien se considere como una amenaza al sistema o simplemente lo moleste con sus peticiones”.
El fiscal encargado de la investigación, Luis Humberto Piotti, “ha sido denunciado en varias oportunidades tanto en Procuraduría general de la Provincia de Buenos Aires, como así también en la Justicia Penal. La misma suerte ha corrida tanto la juez de garantías Stella Mari Aracil, como el asesor de menores Ezequiel Belaunzaran”.
El letrado afirma que “todos los profesionales que intervienen en las causas y que han osado denunciar irregularidades han sido amenazados, y finalmente se vieron obligados a desistir de su accionar mediante distintos tipos de coacciones. Las prácticas, ya expuestas, consisten en el seguimiento de los denunciantes con autos, la amenaza telefónica a los hijos, los allanamientos en sus consultorios particulares y las denuncias en los respectivos colegios donde se encuentran matriculados”.
“El abogado Ezequiel Maradeo ha sido denunciado al Colegio de Abogados de Azul, por haber explicado en un programa de televisión en Capital Federal el tenor de las distintas irregularidades en un expediente judicial. La misma suerte corrió un escribano quien constató que el juzgado civil y comercial no quiso recibir un escrito a una de las partes en litigio. La psicóloga Daniela Lezcano, al firmar un psicodiagnóstico donde surgen indicadores de abuso sexual infantil en una de las menores, fue atacada tanto periodísticamente como por el propio fiscal Piotti, quien de la misma manera que denunció al doctor Maradeo, denunció a la mencionada psicóloga la cual fue condenada a una amonestación por el hecho de reenviar un mail (cuestión que nada tiene que ver con su profesión) y por escribir una nota en el periódico local”, se señala en el documento presentado ante la Pre sidencia de la Cámara de Diputados.
“Por último, se deja aclarado que todo lo expuesto en la presente síntesis se encuentra apoyado en profusa documentación, la mayoría de carácter judicial, y a disposición de todo aquel interesado en consultarla”, cierra Santucho.