La democratización del poder judicial, una cuenta pendiente hace 37 años

Cuando los militares encabezaron el golpe de Estado, hace 37 años, cerraron en un santiamén el Congreso y tomaron el Poder Ejecutivo. Nada de lo que allí sucedía servía a los intereses de estos sectores económicos, militares y eclesiales. Sólo quedó indemne el Poder Judicial.

    

Por: 

Felipe Yapur

Cuando los militares encabezaron el golpe de Estado, hace 37 años, cerraron en un santiamén el Congreso y tomaron el Poder Ejecutivo. Nada de lo que allí sucedía servía a los intereses de estos sectores económicos, militares y eclesiales. Sólo quedó indemne el Poder Judicial. Los poderes fácticos tuvieron en su lista de enemigos a esos estamentos de la República que lo integran los representantes del pueblo. En estos 30 años de democracia los dos poderes recuperaron y afianzaron su responsabilidad de origen pero todavía falta, a pesar de las décadas transcurridas, democratizar la Justicia.

Fueron muchos los legisladores detenidos y algunos de ellos hoy permanecen desaparecidos. Los hay en todas las provincias. En Tucumán, por caso, aún siguen desaparecidos los legisladores Dardo Molina, presidente del senado local y vicegobernador, y Guillermo Vargas Aignasse, por cuyo caso el genocida Antonio Bussi llegó a ser condenado, por ser el responsable máximo del plan asesino que se desató en esa provincia pero también en el norte argentino. La justicia, una vez más, llegó por una decisión política y no por el compromiso del Poder Judicial de investigar estos crímenes. 

 

A esa decisión política, que promoviera el entonces presidente Néstor Kirchner, el Congreso la acompañó con la anulación de las leyes de Impunidad, Obediencia Debida y Punto Final, que se votaron en esos mismos recintos fruto de la debilidad de aquella joven democracia, permeable todavía a los intereses corporativos. 

 

El cierre del parlamento no fue un acto secundario en el plan genocida. En este espacio se expresa el pueblo a través de sus representantes partidarios y, por lo tanto, las voces e iniciativas que allí surgen no son convenientes para estos intereses oscuros. Es verdad que entre las bancas siempre hubo legisladores que preferían las botas a los votos, pero la mayoría de sus integrantes siempre pugnaron por la profundización de la democracia.

 

El terrorismo de Estado, es penoso reconocerlo, tuvo durante algunas décadas un grado de éxito que se expresó en la permanencia en el tiempo de políticas y decretos-leyes que sancionaron las juntas militares. El poder de las corporaciones, económica, eclesial y mediática que se beneficiaron con estos años oscuros, mantuvo su poder de injerencia en las dos primeras décadas de la nueva democracia y no dejó partido político sin contaminar. De ahí las leyes de impunidad, los indultos pero también la aplicación y sanción de leyes que provocaron la destrucción del aparato productivo argentino y casi hacen desaparecer el entramado del tejido social del país.

 

Las consecuencias de este modelo neoliberal que se aplicó desde 1976, con un altísimo costo en vidas, todavía persisten a pesar de las transformaciones que lleva adelante el proceso político, social y económico que conduce el kirchnerismo. Diez años de gobierno, en condiciones normales, pueden ser suficientes para cambiar la vida de un país. Sin embargo, el nivel de destrucción del Estado y la colonización de estos espacios por hombres y mujeres que responden a ese modelo neoliberal, dan cuenta de lo complejo que es retomar el camino de un país soberano y libre.

 

En estos 37 años hubo un denominador común que no es otro que la permanencia de esta corriente de pensamiento en el Poder Judicial, que no solo convalidó lo actuado por las juntas militares, sino que en los años de la democracia neoliberal avaló todas y cada una de las iniciativas de estos gobiernos que entregaron el país.

 

Es por ello que se hace urgente y necesario que el proceso de democratización del Poder Judicial, anunciado por la presienta Cristina Kirchner en la inauguración del período de sesiones ordinarias del parlamento, comience a ser analizado y debatido en las comisiones de Diputados y Senadores.

 

El rol del Congreso, en este punto, no representa una intromisión en la Justicia sino que simplemente colabora en la apertura de los estrados judiciales para que esta democracia, que en este año cumple sus tres décadas de existencia ininterrumpida, le otorgue esa cuota de aire libre necesaria para ir quitándose la influencia de los intereses corporativos y, sobre todo, administre la justicia para todos sin diferencias. Cuánto daño puede hacerle a este poder del Estado que sus miembros se conviertan en ciudadanos comunes y corrientes que pagan, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Qué perjuicio puede ocasionarles a los jueces y profesionales, que conforman el Consejo de la Magistratura, sean elegidos por el voto popular. En todo caso, qué es lo que deben esconder para resistirse a la democracia.

 

La oposición, una vez más, decide rechazar esta iniciativa. Con frases y argumentos calcados de los que enarbola la familia judicial, que pulula y manda en los pasillos de la Justicia, demuestra que siguen abrevando en las aguas de aquel modelo neoliberal que se niega a abandonar sus privilegios, sus pingües ganancias y, sobre todo, el destino del país.