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viernes, 2 de octubre de 2015

“Para que nunca más se siente a un profesional en el banquillo.. Gracias 24Baires.com


“Para que nunca más se siente a un profesional en el banquillo, ni se castigue a una madre por denunciar”

abuso en tandilENTREVISTA a la psicóloga Daniela Lezcano. La profesional enfrenta un juicio por su trabajo en el caso de una menor abusada. Un caso que desnuda la trama judicial misógina que protege a agresores y castiga a denunciantes y profesionales que acompañan a las víctimas.
“Espero que esto sirva como una bisagra y como precedente para que nunca más se siente a un profesional en el banquillo, ni se castigue a una madre por denunciar, ni a un padre por ser protector”, dice Daniela Lezcano, psicóloga especializada en maltrato y abuso infantil que en estos días está enfrentando un juicio oral por una causa que le inició un padre acusado de abusar de su hija de cuatro años que era su paciente. La acusan de retocar un dibujo de la nena y de incidir en su relato para que incrimine a su progenitor. Entre hoy y mañana dictarán la sentencia de lo que para muchos es la muestra de una trama judicial misógina que protege a los agresores, castiga a las mujeres que denuncian, a las y los abogados y psicólogos que acompañan y revictimizan a las y los niños que han sufrido o sufren abuso sexual.
Daniela Lezcano vive en Tandil y desde que se recibió trabaja escuchando y orientando a las víctimas de ese delito tan oscuro y complejo. Por eso, para ella, enfrentar una acusación de “falso testimonio agravado y falsificación de documento privado en concurso ideal” no es casualidad ni un caso en particular. Es una persecución y una conducta sistemática de parte de la corporación judicial, muy vinculada con el famoso Síndrome de Alienación Parental (SAP): una falsa teoría con la cual abogados y jueces trasladan la acusación al progenitor denunciante argumentando que es quien manipula y hace mentir a las y los niños, y que, en el caso de los profesionales que escuchan y acompañan las denuncias, se denomina backlash.
– ¿Cómo se armó esta causa judicial y en qué instancia está?
– Ahora estamos esperando la sentencia. Hace cinco años se inició la causa y yo nunca había podido hablar. Es el primer caso en el mundo en que se juzga a una psicóloga. Nunca se llegó a esto. Han hecho arremetidas, han denunciado a colegas, pero nunca se ha llegado a un juicio oral. En primera instancia me sobreseyeron, pero el fiscal apeló. La cámara revoca el sobreseimiento y llega a juicio oral. Entonces yo no había podido hablar ni había podido ver el dibujo retocado por el que me acusaban. Yo declaré el jueves cerca de tres horas. Respondí todo y declare con la verdad, tranquila. Me sorprendió haber visto el dibujo, una no puede creer que algo así pueda llegar a prosperar.
– ¿Qué es lo que te sorprendió al ver el dibujo?
– No había visto nunca el original, había visto en el expediente alguna copia. Pero no es lo mismo. Son tres dibujos. Aclaro que no fue un test, fue una sesión terapéutica habitual. Ella era paciente mía hacía un año, a esa sesión llegó con un hematoma muy grande en la cadera. Ella estaba muy nerviosa y para contar qué le había pasado empieza a hacer unos dibujos y me cuenta del abuso. Detrás de una hoja de la historia clínica yo escribo la historia que me cuenta, tal cual me la cuenta la niña. Debajo de eso ella dibujó algo muy chiquito y luego aparece agregada una casita que es imposible que la haya hecho ella, y luego, en dos monigotes que había dibujado sin rostro, aparecen dos rostros bien definidos: con ojos, pelo, una mueca bien definida de tristeza. Pero creo que lo hicieron para que se note que fueron hechos, para inculparme. Yo les digo que evidentemente ese dibujo se hace con el fin de desprestigiar mi testimonio, que no era ni siquiera una pericia, porque la pericia a la nena se la hacen después. La mía fue una declaración testimonial. La niña en ocasión de una consulta terapéutica me cuenta esto, yo le cuento a la mamá y le doy un resumen de historia clínica con lo que la niña me contó. Con eso y el certificado médico del hematoma, la madre hace la denuncia en la comisaria de la mujer y en la declaración consta que deja los dibujos en ese acto. No hubo cadena de custodia ni nada.
– ¿Y qué pasa después?
– A los quince días me citan a mí a declarar como testigo. La mamá declara y después a la niña la evalúan en el juzgado de familia con varias entrevistas donde le toman una batería psicodiagnóstica que incluye distintos test de familia muy completos, y concluyen que hay indicios de abuso infantil, con lo cual restringen el contacto totalmente, y a la familia paterna también por haber pruebas de coacción contra la madre. Eso lo apelan y pasa a la cámara civil, que lo confirma. Y cuando entra en la instancia penal, el padre de la niña contrata como defensora a la abogada Patricia Perellió, que tiene una historia de defender abusadores, violadores y femicidas. Su primer caso fue la defensa de Monzón, femicida de Alicia Muñiz, y es la defensora de los asesinos de Natalia Mellman, también de Melo Pacheco, que es un caso emblemático en Mar del Plata donde se procesó a las tres psicólogas, él quedó en libertad y acusó a los padres de haber introducido el SAP. Y actuó en muchos casos de abuso más. Esta abogada lo primero que hace es pedir nuevas pericias, y dentro de ellas hacen unas entrevistas que estaban desaconsejadas por el equipo técnico de familia, porque la nena tenía cuatro años y medio, para no revictimizarla. Ponen perito de parte al doctor (Mariano) Castex y no hay registro ni control de parte de la mamá de eso. En las entrevistas estaban el acusado y su familia, como para obturar y silenciar a la nena. La niña no habló mucho ni dibujo mucho, no la evaluaron como lo habían hecho en el tribunal de familia. Sólo dibujó nenas, y cuando le pidieron dibujar un varón dijo que no podía dibujar un varón, que mejor hacía un chancho con cara de chancho, con cuero de chancho, que hacía chanchadas. Con ese informe dijeron que no había indicadores de abuso, y pasó a cámara Gesell. La cámara la vimos en el debate antes de que yo declare: son veintiocho minutos donde no le hacen preguntas a la niña respecto a la denuncia, no trabajan con juguetes ni con nada que la niña pueda proyectar algo. Las preguntas son si el papá es bueno, si le gusta estar con su papá. Y después comienzan a preguntarle qué hacía conmigo, si yo la ayudaba con los dibujos, la nena le dijo que sí, porque en el consultorio a veces ayudamos y jugamos con los niños, no es una pericia. La conclusión de la cámara Gesell y del fiscal fue: “acá no hay abuso”, y archivó la causa. Unos meses después me empiezan a investigar a mí a raíz de una declaración periodística de Perellió, y ahí aparece este dibujo, que cuando le hacen la pericia para ver si hay rasgos de un adulto yo no puedo ni participar ni llevar un perito para que lo compare conmigo.
Daniela Lezcano– Este hecho puntual que vos describís viene de una situación previa, de una pelea tuya junto a familiares de niñas y niños abusados en Tandil frente a un fuero judicial muy resistente a condenar estos delitos.
– Si, a investigar los abusos. En estos años, los casos que han llegado a juicio oral fue porque las familias se movilizaron y pudimos acompañarlas, orientar o contener. Cuando han podido ser juzgados, los casos se comprobaron, y cuando han sido apelados los casos se comprobaron. La instancia que fallaba era la de la investigación: la familia denunciaba y la fiscalía no investigaba. Ahí es donde hubo más quejas y denuncias de familiares.
Nosotros en Tandil dependemos del departamento judicial de Azul. En el año 2010 se llegó al jury de enjuiciamiento a uno de los fiscales que tenía varias causas. La comisión investigadora por unanimidad votó. Los denunciantes fueron Aníbal Fernández y Fernando “Chino” Navarro en lugar de los familiares, y a su vez Fernández pidió a la Suprema Corte de Justicia de la provincia la avocación por la totalidad de los casos, que eran 38, y por mi persecución. El jury se inicia en 2011 y al poco tiempo a mí me anotician de todo esto.
– Vos sos una víctima emblemática de lo que se denomina backlash, ¿no? De la reacción corporativa contra aquellas y aquellos que denuncian y sostienen las denuncias de abuso.
– Mirá, si bien es durísimo atravesar algo que es injusto, que no lo podes creer, que se te juzga el honor, sé que no queda sólo en mí. Hace unos años venimos trabajando para desterrar el SAP. Porque justamente es una herramienta misógina, machista y corporativa que usan las defensas de los abusadores o los violentos para castigar a la mujer que denuncia o al que visibiliza la pedofilia o el abuso sexual infantil y para generar este descrédito y que no se judicialice. Tenemos el caso emblemático de la madre Andrea Vázquez que hace tres años que está separada de sus hijos, o el caso de una niña en Tandil, que fue muy conocido, donde se encarceló dos años en otro país al padre por denunciar. En ambos casos, las instancias que los han investigado en Argentina hablan del SAP, que el padre o la madre pone en la cabeza del niño esto que el niño repite. Cuando esto sucede con los profesionales y los abogados, hablamos de backlash, que es lo que me está pasando a mí.
Abiertamente ante el fiscal, la abogada defensora del abusador dice que la psicóloga indujo, se lo puso en la cabeza a la madre, y para reforzar esto llegó a armar lo del dibujo. No es casual que se dé en estos distritos: Azul, Olavarría, Tandil, Mar del Plata. Es una zona complicada, donde también la trata recién está siendo investigada con muchas resistencias. Del abuso a la trata hay un paso. Entonces, los operadores que tendrían que estar protegiendo y dar un corte a esto, por lo menos en la parte investigativa, vemos que son parte de lo mismo. Eso es lo grave, va más allá de un caso puntual. Una, sin querer, por ahí está rozando otros intereses: políticos, económicos, de poder. Sabemos que hay incluso operadores judiciales que obedecen a estos intereses. Hay dinero importante en juego cuando se trata de pedofilia. Lo bueno es que en estos días, en la ONU, la presidenta y también el Papa están hablando de maltrato hacia la mujer, de la necesidad de la igualdad de género y del repudio al abuso sexual infantil, a la trata y a los que lo quieren acallar. Esperemos que a los jueces todo esto les llegue. Espero que esto sirva como una bisagra y como precedente para que nunca más se siente a un profesional en el banquillo, ni se castigue a una madre por denunciar, ni a un padre por ser protector. La batalla es ideológica. Porque sería gravísimo que se instale que se puede armar una causa de abuso y que un profesional está faltando a la verdad, sería gravísimo porque los que ganan son los que quieren invisibilizar el abuso. Lo que buscamos es que se castigue el abuso sexual infantil.

domingo, 22 de enero de 2012

SEGUIMOS DE PIE Y EXIGIMOS JUSTICIA...


Un fiscal de Tandil a juicio político por su accionar en casos de abuso infantil

Publicado el 22 de Enero de 2012

Se trata de Luis Humberto Piotti. Está acusado de “desaparecer expedientes y pruebas, mal manejo de los interrogatorios y persecución a los denunciantes”. Los familiares de las víctimas habían remitido las causas a la presidenta de la Nación.
  Son 20 familias. Todas de Tandil. Son 38 niños y niñas. Todos víctimas de abuso sexual. Tras diez años de lucha contra la justicia, parece que la reparación comenzará a llegar a sus vidas. Todavía les falta poco más de 60 días para sentir algo de alivio. Será en marzo, cuando el fiscal Luis Humberto Piotti, encargado de proveer de justicia a esas víctimas y a sus familas, enfrente un juicio político.
Así, cuando en marzo se inicie el período ordinario de sesiones de la Cámara en la Legislatura bonaerense, comenzará también el juicio político contra el fiscal tandilense por su accionar en decenas de causas sobre abusos sexuales a menores de edad.
La Comisión de Juicio Político, integrada por senadores y diputados de distintas bancadas, votó por unanimidad el pedido a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento el último 30 de noviembre.
La denuncia contra Piotti fue realizada “por incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento en los deberes inherentes al cargo, dejar transcurrir en exceso los términos legales sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a decisión o dictamen, comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.
Los diferentes casos que involucra esta “megacausa” por la cual el fiscal Luis Piotti será sometido a juicio político tienen ribetes escabrosos. Por ejemplo: La Unidad Funcional de Instrucción Nª 3 de Tandil, Departamento Judicial de Azul, demoró cuatro años en la investigación del caso de dos hermanos que, a la edad en la que asistían al jardín de infantes, fueron abusados sexualmente por su padre. Ello, aunque el Código Penal de Justicia Bonaerense prevé que la fiscalía realice la instrucción con un máximo de seis meses. La causa contaba desde su inicio, según señala el expediente, con pericias psicológicas concluyentes, cámara Gesell de parte y cámara Gesell practicada de oficio. Entre las irregularidades aparece que los menores fueron revisados por un médico de la policía –el doctor Roberto Leitao– en el Hospital de Tandil sin dar intervención al Juzgado de Menores. Los niños fueron separados de su padre casi dos años después de la petición realizada a la justicia. Pero por poco tiempo: el 15 de septiembre de 2006, el juez de Garantías interviniente, José Alberto Moragas, resolvió rechazar por improcedente “el pedido de proteger del contacto con el denunciado”. El fiscal Piotti, según consta en el escrito, “descarta la hipótesis de abuso sexual y procura por todos los medios, y sin éxito, producir pruebas que lo descarte”. La causa fue elevada al fiscal general de la Procuración de la Nación. Allí, entre otros puntos, se consideró que “las medidas procesales que involucren a menores víctimas de delitos implica para el niño una nueva victimización, algo que el agente fiscal denunciado (Piotti) parece no comprender”.
La “megacausa” de abuso sexual a menores en Tandil es infinita y de larga data. Los familiares de las víctimas tocaron casi todas las puertas municipales, provinciales y nacionales. La denuncia contra el fiscal Piotti también recorrió un largo camino: fue entregada por el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández a la procuradora general María del Carmen Falbo, también al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner, por Luis Santucho, secretario general de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.
A la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le llegaron numerosas cartas. Es decir, llegaron numerosas cartas a la Casa Rosada. Una mamá cuenta: “Nosotras no sabíamos que había que pedir una especie de acuse de recibo y un jueves vinimos a participar de la ronda de las Madres. Una asistente social me dijo: “Vamos a cruzar a la Casa Rosada a ver en qué estado están las cartas. Y ahí me enteré”, cuenta la mamá. “Escribí otra. Adjunté un resumen de las cartas, reclamamos el ‘acuse de recibo’ y finalmente llegó.”
Fue así como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó cartas en el asunto y pidió colaboración al diputado por la provincia de Buenos Aires, Fernando “Chino” Navarro, quien viajó a Tandil y se entrevistó con cada una de las 20 familias.
Entre las fotocopias de los expedientes que recibió la presidenta  había una carta enviada por una familia tandilense que relataba el caso de un abuelo que no sólo había abusado de sus dos nietos de cuatro y cinco años sino que, además, los llevaba “donde una prostituta en donde debían participar de actos sexuales junto con ellos, además de ser fotografiados”. Los datos proporcionados por los menores fueron recogidos en una cámara Gesell para después ser desestimados por el fiscal Luis Humberto Piotti. El abuelo, finalmente, luego de un largo proceso fue condenado “a siete años de prisión como autor penal responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con suministro de material pornográfico a menores de 14 años”. El caso tiene otras aristas: los primos de los dos menores en cuestión que también fueron sometidos por su abuelo. La causa fue archivada. “Podríamos hablar horas sobre la impotencia, el dolor, la angustia, los miedos, las inseguridades, la desconfianza de nuestros hijos como niños y la nuestra como adultos, pero creemos necesario dedicar tiempo a quienes nos han acompañado en este duro camino. Pedimos una justicia responsable, acorde con los principios constitucionales y divinos para nuestros hijos, nuestros sobrinos y todos aquellos que han pasado por ese horror y que por ahora no tienen voz.” Así termina la carta que la familia tandilense envió a la presidenta de la Nación.

PUEBLO CHICO. “Hay ciertas personas que siguen manejándose como en la dictadura. La Iglesia, el Poder Judicial, los familiares del intendente, todos se comportan de la misma manera. Hay que fijarse muy bien que quienes realizan los abusos están en mejor posición social y económica y por eso tienen más llegada a ciertos sectores que les permiten parar las denuncias”, sostiene un abogado empapado en la “megacausa”, quien recibió amenazas cuando intentó sacarla de los límites de Tandil.
La psicóloga y perito forense Daniela Lezcano, además especialista en Abuso Infantil y Maltrato Infanto-juvenil, es otra de las profesionales que recibió amenazas por su labor con los menores víctima de abuso. “Estamos librando una lucha desigual contra el aparato judicial corrupto en connivencia con el Ejecutivo municipal”, expone.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en una carta elevada al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal y al gobernador Daniel Scioli a propósito de “la grave situación de privación de justicia y de violación de los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Tandil”, también se refirió a las amenazas y coacciones. “La situación se agrava porque la psicóloga y perito forense que pide ayuda al igual que los familiares de los niños abusados, son amenazados y perseguidos cotidianamente con llamados telefónicos intimidantes, amenazas de bomba en sus casas, autos vigilando los domicilios”.
Al respecto, Lezcano señala:  “Esto comenzó con amenazas telefónicas, guardias de autos que encendían las luces al salir de mi casa con mis hijos. Luego aparecieron las llamadas desde unidades penales, sin mediar la grabación del sistema penitenciario, amenazas telefónicas a mis hijos, arrancaron los cables de teléfono de mi casa. Fui seguida por un auto que luego pude verificar que tenía pedido de captura en la provincia de Buenos Aires. Paralelamente, se llegó a armar una causa y lo detuvieron a mi hermano el mismo día que realizamos la primera marcha. Estuvo seis meses detenido con un proceso irregular. Como seguimos adelante con las denuncias, el propio fiscal Piotti y el defensor de Menores Belauzarán presentaron una denuncia en el Colegio de Psicólogos logrando que me colocaran una amonestación de la que me entero a través de los diarios.”
Lezcano realizó una presentación personal a Presidencia de la Nación: fue tras recibir una citación para hacer una pericia caligráfica por averiguación de la comisión de un delito de acción pública. Una causa penal. “Al ver que estaba en manos de los mismos funcionarios que denunciaba, presenté todo el material probatorio, tres carpetas con más de 500 fojas, en junio de 2011.” A partir de julio de ese año, la psicóloga fue integrada al Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación.
“Desde entonces me dedico con mucho ahínco a apurar la presentación del pedido de juicio político del fiscal Luis Humberto Piotti. Hay un menor inocente que  hace más de un año está siendo revinculado o vive con los mismos que abusaron de él. Su padre está detenido por protegerla. Es un caso de alto riesgo. ¿Qué puede pasar con él cuando el poder judicial esté acorralado?”, dice Lezcano. 

AMICUS CURIAE. La pelea de las familias instaló la problemática conocida como “ola de abusos en Tandil”, en el centro de la discusión de renombrados expertos internacionales. Así, el grupo de profesionales integrado por Lisa Fontes, Alicia Ganduglia, Patricia Gordon, Irene Intebi y Josep Ramón Juárez López, cuya extensión curricular excede a este reportaje, intervino en la “megacausa” bajo la fórmula Amicus curiae. El grupo, además de ofrecer su opinión en el ámbito de la protección infantil, el peritaje y la evaluación forense, realizó un estudio minucioso de uno de los expedientes, concluyendo que “la justicia no llevó a cabo la valoración de la sospecha ni procedió a tomarle testimonio al menor según la Ley 25.862”.
El informe pone especial énfasis en la “revictimización”, un estado por el que los 38 niños abusados habrían pasado merced a la instrucción del fiscal Luis Piotti.
“La revictimización o victimización secundaria, explica el estudio, es producto de una reacción social inadecuada, donde la víctima se ve obligada a reexperimentar una nueva violación de sus derechos cuando la policía, las instituciones sociales y gubernamentales intervienen de forma inapropiada con la intención de investigar o reparar la situación de la víctima a nivel económico, social, físico o psicológico. Muchos autores coinciden en considerar la revictimización como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que pueden ocurrir en el trancurso de la relación entre la víctima y el sistema jurídico penal.”
Los familiares de muchos de los niños y niñas que han pasado por la instrucción del fiscal Piotti lo denuncian en ese sentido. La psicóloga Daniela Lezcano lo explica: “Nosotros hemos luchado para evitar la revictimización de todos los niños y niñas. Hablo en particular de un menor que se encuentra en Tandil sin posibilidad de ver a la parte de su familia denunciante. ¡Y la justicia ordena la paulatina revinculación con la parte de la familia abusadora!” Además suma un agravante: “A las familias de menores recursos les han ordenado compulsivamente el traslado de los niños víctima de abuso a hogares del Estado argumentando que no tienen medios económicos o que están depresivas. Esos nenes tienen entre tres y 12 años. Tienen causas de violación y abuso sexual agravado. Todos fueron separados de sus hermanitos y en muchos casos alojados a más de 150 kilómetros de modo que no es posible mantener el vínculo.”

UN POCO DE ALIVIO. El juicio político al fiscal Luis Piotti quizá sea la punta del iceberg de una parte de un sistema judicial que no está preparado para sostener, contener, impartir justicia a menores y a desposeídos. Ni siquiera existe un protocolo que indique cómo actuar en esos casos (ver pág. 33).
Y aunque no se sabe cómo resultará este juicio político, es probable que parientes, amigos y profesionales sientan cierta reparación al ver sentada en el banquillo a la persona que tantas veces condenó a sus hijos, sobrinos y nietos.
Quizás entonces comience otra etapa para la institución judicial tandilense. La de procurar salud a los niños, cuidar su integridad psicofísica, reconocer los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.  <