LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL

 LA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL

Primeras ideas

Con esta nota, Página/12 inaugura un espacio de debate sobre los cambios en la Justicia.

 Por Mario Alberto Portela *

Opinión

                                                                                         

El Poder Judicial, que de eso tratamos al hablar pomposamente de “la Justicia”, es una faceta de un único fenómeno que es el poder del Estado, en su antiguo sentido westfaliano. Como el poder es indivisible, el Judicial es una simple arista de ese complejo abstracto que resulta la característica de cualquier nación soberana, tomada esta expresión con las debidas reservas.

El “Poder Judicial” ha sido concebido por nuestros padres fundadores como contramayoritario, esto es, formado por operadores que no son electos popularmente, que son vitalicios y que gozan de ciertas garantías como la estabilidad en el cargo y la intangibilidad en sus sueldos. Esto replica los preceptos de la Constitución estadounidense que fue prevista para un entorno político y social sustancialmente diferente. Este consistía en la necesidad de los comerciantes y latifundistas enriquecidos, luego de la guerra por la liberación colonial contra Inglaterra, de preservar sus privilegios económicos frente a las mayorías empobrecidas constituidas por la gente de a pie que había peleado en esas luchas. Tanto el Senado que representaba a los Estados, cuyos miembros eran elegidos en forma indirecta, como los jueces debían ser los diques que protegieran la propiedad de las minorías ricas contra los presuntos avances de las mayorías más pobres. Esta interpretación contextual no tenía nada que ver con nuestra realidad posterior a Caseros y a la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Nadie tenía necesidad de velar por los excluidos, gauchos, inmigrantes y habitantes de los suburbios, ya que el proyecto de 1880 no los tenía en cuenta como actores políticos ni como sujetos de derecho. De allí que la adopción del control difuso de constitucionalidad fue una interpretación efectuada por nuestra CJJN descontextualizada, que nada tenía que ver con nuestra realidad y como consecuencia fallida, como tantas otros interpretaciones constitucionales.

Los operadores del derecho deben trabajar para reducir conflictos dentro de los márgenes de su realidad vital, que en nuestro país deben pasar por ampliar la base de participación ciudadana, más derechos y mejor acceso a la posibilidad de soluciones y consecuentemente enfrentarse con poderes que por fuera del Estado tratan de doblegarlo para imponer sus propios intereses particulares. No es casual que el recurso de amparo, tan en boga en nuestros días, haya surgido para “frenar” la apropiación de una empresa por parte de sus trabajadores (caso Kot).

En otros países han surgido movimientos tendientes a reformular el uso del derecho, así en EE.UU. los “Critical legal studies”, en Italia el “uso alternativo del Derecho”, en España las construcciones de Jueces para la Democracia, en Alemania la escuela crítica de Francfort, en Francia los jueces luchando contra los negociados de ELF a través de la acción de la magistrada Eva Joly, entre otros. Con menor visibilidad, pero con igual fracaso, desde hace años un grupo de docentes de Teoría del derecho con base en Córdoba, Rosario y Mar del Plata trabajamos en ese sentido y también me tocó exponer esta visión lateral en el XXII Congreso Mundial de Filosofía del Derecho y Filosofía Social celebrado en Granada en el año 2005. El éxito estuvo lejos de acompañarnos, pero sembramos entre todos las semillas de una visión diversa, la que pide una mirada comprensiva sobre los usuarios del sistema normativo más que sobre los operadores y que trata que éstos decidan con parámetros que impliquen una mayor inclusión social de los que están obligados a permanecer en silencio en estas cuestiones.

Para cumplir con estas tareas, ineludibles por existir un fuerte basamento ético y constitucional en apoyo, el juez debe tener protagonismo, debe ser conscientemente activo y asumirse como un actor político, sin que ello obste a su independencia externa. La consecuencia es que debemos ser intérpretes críticos de la legalidad y no sus simples lectores complacientes. Pero para esto es preciso olvidar ciertos rasgos de nuestra cultura jurídica que sólo percibe el derecho como un sistema de reglas, para incorporarle una nueva cultura introductora, al menos, de los principios que permitirán una mejor interpretación constitucional desde un punto de vista de la razonabilidad (racionalidad sustancial).

El primer paso, entonces, para democratizar la Justicia pasa por obtener una mirada distinta por parte de los operadores acerca de el sistema normativo de suerte que no se pierda la posibilidad de hacer de él un uso expansivo y distinto del que nos han enseñado, sin temer por las críticas que defienden intereses desde una postura de aparente neutralidad. Ojos mejores para ver la patria, clamaba Lugones, simplemente se requieren ojos distintos para ver las normas.

Esta primera base filosófica debe ser completada por un arsenal legislativo que acompañe estos nuevos aires. La designación de los magistrados que se realiza por el sistema de concursos tiene el inconveniente que los mismos se toman y evalúan como si se tratara de la elección de docentes de la universidad pública, en un examen de antecedentes que privilegia cuantitativamente cursos y cursitos de posgrado que carecen de criterios unificadores respecto de su real valía académica y por la resolución de un caso cuya solución puede ser controvertida y que no refleja ni de cerca la verdadera actividad judicial. No se tienen en cuenta para nada algunas habilidades básicas de un juez, como la capacidad de gestión, la aptitud para la delegación, la conformación de equipos de trabajo diversos y la necesidad de que ejerza la jefatura de funcionarios y empleados con firmeza, pero con empatía para evitar conflictos graves. Ni siquiera menciono la necesaria visión respecto de la igualdad de género, la visión homocéntrica del derecho y los criterios de igualdad y creatividad que debe imponer diariamente como así la virtud de la integridad que implica que las partes deben saber cuál es el criterio de quien debe resolver su conflicto y que éste debe mantener cierta estabilidad, salvo modificación argumentativamente fundada.

Esto implica que todos los empleados deben ser designados mediante concursos públicos objetivos y acordes con las responsabilidades que tendrán a su cargo para así dejar de lado las familiaridades y amiguismos que han hecho del estamento judicial un poder corporativo en el peor de los sentidos de la palabra, la defensa de los propios intereses. Hay que enfatizar las jurisdicciones que ya han adoptado este sistema (la provincia de Santa Fe en lo que conozco) y recientemente el criterio establecido por el Ministerio Público de la Defensa que no cabe duda se enmarca en esta saludable discusión que recién comienza.

A su vez los jueces no deben tener, salvo los de Corte o Tribunales Superiores, jerarquías entre sí porque somos todos iguales y no es democrático que “superiores” presionen con la excusa de la superintendencia a “inferiores”, tal como suele ocurrir en la realidad, provocando uno de los más groseros y silenciados ataques a la independencia. Por superintendencia se asignan o se sacan empleados, se distribuyen recursos, equipamiento y hasta causas, se realizan inspecciones con mayor o menor rigurosidad de acuerdo con la adaptación sistémica de los magistrados “inferiores”, sujetos de tal destrato. Esta igualdad debe ser también en los salarios.

Los mecanismos de destitución o disciplinarios deben tener en cuenta los resultados razonables del trabajo cotidiano, número de sentencias dictadas por año, revocaciones por motivos serios, aplicación de criterios que permitan descongestionar los trámites, trato con los litigantes y con empleados y funcionarios. Los jurados de enjuiciamiento no son sólo para casos de corrupción, sino también para la evaluación seria del trabajo realizado, que debería ser un sinónimo de eficacia en la gestión.

Claro está que todos los jueces deben ser electores de sus propios consejeros ante el Consejo de la Magistratura, que a su vez deben representar a los magistrados y no a los partidos políticos, oficialista u opositores, ni a los abogados.

Los conflictos sometidos a la jurisdicción deben ser resueltos siempre con la prevención necesaria para que no existan influencias derivadas de cuestiones que tienen que ver con lo académico (pertenencia a cátedras, asistencias pagas a congresos, turismo disfrazado, etc.) o con lo personal (respeto intelectual a los firmantes de los escritos que a veces son vendedores de humo judicial).

Por supuesto la famosa y declamada independencia judicial debe serlo respecto de las partes, de los medios que adelantan soluciones previas al juicio, de las presiones de supuestas instituciones rectoras (academias, centros de estudio, opinólogos variopintos) o de intereses económicos difusos y poco visibles. En casi veinte años de camarista federal jamás recibí un solo llamado del Poder Ejecutivo o de legislador o influyente político alguno, pero sí fui amenazado por más de veinte pedidos de juicio político por parte de perpetradores de delitos de lesa humanidad en la Mar del Plata de los años ’70, por demandas civiles, denuncias penales y por campañas periodísticas locales con el claro objeto de torcer el esclarecimiento de la verdad procesal. Lo mismo ocurrió, y fue denunciado el 21 de diciembre del año pasado por el TOF 1 de La Plata, por un medio nacional en el juzgamiento de la causa del circuito Camps mientras subrogaba en esa ciudad. La denuncia se efectuó ante la Comisión que protege la independencia judicial y que tiene su sede en la Corte Suprema de Justicia, que hasta la fecha no recibió el oficio respectivo.

Estas son ideas para iniciar un debate de cara a la sociedad a la que nos debemos y que merece que sus jueces sean verdaderos actores sociales y políticos para mejorar la inclusión de quienes tienen sus necesidades básicas insatisfechas y carecen de un adecuado acceso a la Justicia. Eduardo Galeano nos advierte que en 1948 y en 1976 las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos pese a que la mayoría de la humanidad no tiene otro que no sea ver, oír y callar. Por eso invita a delirar, para poder clavar los ojos mas allá de la infamia, cosa de adivinar otro mundo posible. Y ese delirio tiene mucho que ver con lo que los jueces hagamos, ya que, entre otras actitudes, incluye que “nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene; el mundo no estará en guerra contra los pobres sino contra la pobreza; nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión; la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla; la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla; la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse”. Finalmente, como un mandato que actúe sobre el optimismo de nuestra voluntad, nos pide que si bien “la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, en este mundo cada noche deberá ser vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero”.

* Juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

#DemocratizacionJudicial: "A quien tenemos que apelar para evitar Abusos Sex y Violaciones?

Cifras del abuso sexual en la niñez

 Por Eva Giberti Pag 12

Cuando escribo una nota en Página/12 es habitual que algún periodista me llame por teléfono para comentarla o que un conductor de televisión me convoque para hablar del tema, porque el periodismo diagnostica qué le interesa al público. Y a veces prefieren ampliar una información. Cuando durante el verano del año 2012 publiqué un artículo con el mismo argumento que ahora retomo con otros datos, el silencio fue absoluto. Ni llamados, ni comentarios. Me pareció significativo porque los detalles de los ataques a niños y a niñas son abrumadores: tal vez no sean las mejores lecturas durante las vacaciones. En esos meses, más allá de los temas que inevitablemente sacuden al ciudadano, tal vez sea preferible no enterarse de que en la ciudad de Buenos Aires han aumentado las denuncias por abuso sexual y violaciones contra niños y niñas.

Alcanza con mirar las cifras y compararlas. La historia que produce estos datos comienza así: adultos que llegan a las comisarías acompañados por sus hijos o hijas para denunciar abusos y violaciones, o personas que nos llaman por teléfono al 137 porque sospechan que algo de ese orden sucede en una determinada casa del barrio.

En otras oportunidades, cuando un equipo móvil del Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresa en el domicilio de una víctima de violencia familiar, ella misma, durante el extenso diálogo nos cuenta qué es lo que sucede con sus hijos. Pero no quiere denunciar al compañero.

En esas circunstancias nosotras solicitamos la intervención judicial como protección integral de la criatura en cumplimiento de la ley.

Habitualmente estamos invitadas por las instituciones de las provincias para dictar cursos de sensibilización y entrenamiento; conversamos con los colegas y leemos los periódicos de la región; los titulares referidos al abuso y a las violaciones de niños y niñas siempre se subrayan, si se ha desatado un escándalo. De lo contrario, se silencia la proporción de víctimas que paulatinamente descubrimos.

Los informes que llegan desde otros países coinciden con significativa exactitud: la victimización sexual de niños y niñas es un dato de aparición permanente.

Del asombro y la indignación que conduce a preguntar: “¿No se puede hacer algo?”, nos deslizamos hacia una naturalización conformista de los hechos. La diferencia reside en quienes piensan que denunciar es lo correcto y lo beneficioso para las víctimas. La denuncia es terapéutica si se acompaña con soportes psicológicos a cargo de personal entrenado. Si encontramos a dichos profesionales y el diagnóstico confirma los dichos de la víctima surge la intervención judicial. Inútil repetir lo sabido: la tendencia es no creerles a los niños y niñas.

Si la Presidenta avanzó con la necesidad de democratizar la Justicia, este ejercicio, en lo mínimo que yo estoy profesionalmente autorizada a opinar, podría incluir a aquellos magistrados que defienden prejuicios, ignorancias y perversidades. Niños y niñas serán beneficiarios por el cambio de mentalidad de los jueces que no les creen o que calculan que lo sucedido no es grave, porque “los chicos se olvidan y no vamos a estropearle la vida al padre con una sentencia desfavorable...”

Los datos que enuncio constituyen un segmento de lo que les sucede a las víctimas de estas cifras. Porque es preciso considerar que, con frecuencia, los chicos se sienten culpables por describir lo que padres y abuelos “les hacen”, es decir, sufren a posteriori de haber contado lo que sucedía. Comenzaron a padecer mientras eran victimizados y sobrellevaban el silencio obligados por las amenazas.

Poner el acento en el delito, que es lo que implica la exposición de estas estadísticas, no puede visibilizar el martirio que las víctimas se producen a sí mismas mediante el sentimiento de culpa y la vergüenza. Las horas interminables de no entender a pesar de saber que “les están haciendo mal”, las noches revueltas en sus camas, titubeando, confundidos y percibiendo que son víctimas pero carentes de las palabras referenciales para describírselo a sí mismos. Una criatura de seis años no se explica los hechos con la misma lógica de un adulto. Sus procesos cognitivos responden a otras lógicas y los miedos arrasan un psiquismo que inútilmente busca entender. O avanzan en la negación masiva de lo que les sucede y las imágenes de lo vivido se entierran en el cuerpo que se trastorna, se enferman “de la conducta”; y su casa, que debía ser un entorno asegurador, se convierte en una trampa silenciosa. Allí está el familiar incestuoso o el acosador. La criatura titubea hora tras hora antes de hablar. En oportunidades apenas pueden recordar.

El daño que producen estos delitos no está descripto en el Código Penal; allí solamente se acumulan pruebas que los adultos se ocupan de tergiversar o esconder. Algunos magistrados prefieren opinar: “La madre llenó la cabeza de la niña con mentiras”, como si niños y niñas fueran títeres. Las víctimas a veces dibujan con claridad meridiana escenas suficientemente explícitas. Entonces surgen aquellos que contestan “me consta que hay falsas denuncias”, afirmación de jueces o profesionales. Los organismos internacionales que se desgañitan reclamando por estas víctimas viven distraídos y no se han dado cuenta de que están siendo trampeados por madres malevolentes para ganar la tenencia de los hijos en un divorcio.

Ese daño no se limita a quienes conviven con las víctimas o están en sus cercanías. Es el daño simbólico que las organizaciones familiares y la comunidad comparten mediante la indiferencia, porque se han acostumbrado a estas prácticas que no son fenómenos específicamente argentinos.

La estrategia exitosa del violador o abusador se desmorona cuando alguien se presenta en una comisaría o una fiscalía con la víctima, sin imaginar el padecimiento que continuará cuando el niño o la niña advierten que han “traicionado” a su papá o a su abuelo o a otro familiar o al vecino que cuidaba a la nena mientras la mamá trabajaba fuera de su casa. Y empieza a comprender que lo que le sucedió lo convierte en alguien distinto, por las preguntas que le hacen, por los comentarios de los familiares y los de la escuela.

¿Pueden superarse estas experiencias? A veces. No siempre.

Este texto no se limita a mostrar detalles que evidencian cuáles son los abusos y violaciones, pone en superficie una dimensión que la violencia familiar ya había demostrado: la familia puede ser una zona peligrosa para aquellos cuya edad les impide prescindir de ella. Los que huyen eligen otro camino, no necesariamente el mejor.

En esta publicación las estadísticas no están clasificadas por género. Si exceptuamos el ataque a la zona vaginal que denota a la niña, todas las otras prácticas se les dedican también a los niños; los ataques a las niñas tienen matices propios. Ambos son fusibles para satisfacer el abuso de poder y la sexualidad de los adultos.

Estos números sólo son cifras que describen delitos sexuales contra víctimas de cero hasta los 18 años. En su mayoría se producen dentro de sus familias. Entonces ¿a quiénes tenemos que apelar para evitarles abusos y violaciones?

Basta de Tandil Impune: Patricia Escobar, esposa de Gabriel Estanislao Giacone

2º Marcha x Seguridad y Justicia en Tandil : Crimen de Stani

ESTE VIERNES A LAS 21
Familiares y amigos de “Estani” pedirán explicaciones a la policía

Fuente: Portal abchoy 

La idea de la familia es que se informe quienes fueron los efectivos que no concurrieron al lugar del hecho luego de dos llamados. Es la segunda marcha. Quieren clarificar la cuestión para no "ensuciar" a toda la fuerza.

De acuerdo a lo explicado por Raúl Escobar, esta tarde por AM 1140, “vamos a pedir justicia y explicaciones, porque los móviles no acudieron al llamado de mi hija y los compañeros y hermano del fallecido (Estanislao Giacone)”, indió.

Agregó que “no quiero que como hacen siempre con los policias, los cambien de lugar y siguen trabajando. El estado les paga el sueldo, si en una empresa privada un empleado no es eficiente se lo echa, en este caso, si no sirve se tiene que ir. No podemos ensuciar a toda la policía por dos ineptos”.

Insistió Escobar que “nuestro planteo no es con todos los efectivos, hay gente muy buena, pero estamos cansado que sigan trabajando los que no cumplen con su deber”, y pidió que “tenemos que lograr que, cuando alguien llama por un delito, concurran lo más rápido posible al lugar. No nos olvidemos que acá el primer llamado se hizo cuando estaban los chicos a tres cuadras de la seccional y el segundo a cinco, no están lejos para que no los encuentren, hasta gateando podían llegar”.

Al invitar a la comunidad a participar, dijo Raúl Escobar que “nos convocamos en el lugar del hecho, la esquina de Ameghino y Quintana, a las 21 horas, donde mataron a mi yerno, y desde allí caminaremos hasta la Seccional Tercera, son solo cinco cuadras. No queremos más un Gabriel, o Estanislao, o como se llame”.

Los Pibes piden Politicas de Prevencion que los Escuchen ...

Los jóvenes desde los jóvenes

Tras el caso de Giacone. Los programas juveniles y sus fallas. “Más allá de la falta de recursos de las instituciones

 lo que no hay son ideas, a un pibe no solamente lo motivás con una beca sino con ideas”, dicen dos coordinadores

 del programa Envión. La Provincia no paga las becas. Hay atrasos en los sueldos.

 por Bernardo Penoucos by PoliticaTandil.com  | 04/02/2013 

Escribir desde la orilla –inevitablemente- escribir desde la orilla, re-dibujar los bordes y que nadie más se caiga, que a nadie más se engañe, que a nadie más se estafe. Embarrar los zapatos (I) lustrados, quemar las recetas prolijitas y re-inventarlas desde el origen, desde la mismísima esencia, desde la palabra desoída. Animarse a dar el salto, obligarse a dar el salto y trascender aún más allá de la peatonal de estáticos peatones, de la belleza-bulevar, del cielo chiquitito que a pocos cobija, de la piedra grandota que a tantos oculta, de la ruta grisácea que a muchos aleja. Que decanten las voces y que se haga el desorden y se vuelva a organizar, que se explique, que se cuente, que se grite. Para que los mismos de siempre no sigan siendo interpretados, para que empiecen a interpretar- o mejor- para que sepamos que saben interpretar, y que están ahí, escuchando lo que dicen sobre ellos, mirándola de afuera, esperando en el banco de suplentes, siendo escondidos bajo la alfombra, quietitos, educaditos, sin molestar, con una beca o con un taller, lo mismo da, mientras la pólvora no prenda y la señora inseguridad no los convierta -de repente- en los más visibles, en los más nombrados, en los más buscados.

En la ciudad de Tandil, el caso Giaccone –como tantos otros- dejó varias ausencias visibles: la de una política de prevención integral, el escaso impacto de la política pública destinada a los jóvenes, el desentendimiento, los signos de interrogación, y –en esta nota- sumaremos una más: la voz de los actores, me refiero a los jóvenes.

Los jóvenes siguen siendo (como bien dice José Pablo Feimann) sujetos interpretados, pero ¿Quiénes son los interpretadores? ¿Quiénes son sus nombradores? Y en el caso que sea legitima esta acción de interpretar ¿desde qué posiciones se interpreta?¿qué sustento ideológico, ético, político y social se utiliza como materia prima para nombrar a los desnombrados?.Son muchas las preguntas, y cierto es que en esta nota nosotros también interpretaremos, pero interpretaremos con la certeza de que las palabras nombradas vienen de la boca que la nombra, y no de la boca que se hace eco.

Desde este portal nos acercamos hasta el barrio Villa Aguirre para encontrarnos con Leo y con Ruth, de 23 y 25 años; ambos viven en el barrio y se desempeñan como referentes en el Programa Envión, programa conveniado entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Leo y Ruth saben de qué se habla cuando se habla de jóvenes, de violencia, de delito o de consumo, en parte porque su cotidianeidad respira las calles del barrio y en parte porque han transitado,- a nivel personal- situaciones similares. Quisimos saber de sus interpretaciones, de sus relatos y de sus miradas no solo acerca de este caso que conmovió a la ciudad sino de los jóvenes en general y-por que no- también de los adultos.

Leo nos dice, en relación a este último hecho ocurrido en el barrio, que “son casos puntuales, lo que pasa es que al ser tan graves se hacen escuchar y para el que lo ve de afuera entramos todos en la misma bolsa y en realidad no es tan así. Es verdad que hay quilombos en el barrio, pero a mí cuando me contaron esto no lo podía creer, porque nadie se veía venir algo así. Yo creo que los chicos no quisieron matar a nadie, pero lamentablemente hoy tenemos la muerte de nuevo tan cerca”.

Por su parte Ruth comenta que:” a mí lo que me sorprenden son dos cosas: por un lado hoy muchos chicos tienen armas en sus casas como si fuera una silla y entonces así siempre van a existir más posibilidades de que pasen cosas como esta, sean de la clase social que sean. Y por otro lado tenés la gente que se cubre con un arma en la casa por miedo a que le roben, entonces es todo más difícil.”

Los dos jóvenes implicados en la muerte de Giaccone concurrían semanalmente al Programa Envión y formaban parte de esta propuesta. En relación a este tema Ruth hace referencia a que: “en el programa nos deben casi dos meses de sueldo, a nosotros que trabajamos como Tutores, y a los chicos que concurren les siguen debiendo las becas que se había prometido desde el inicio, entonces los pibes que no cobran y que contaban con esa plata en situaciones tienen que buscar la plata de donde sea, y ahí es en donde empiezan los líos”.

Por su parte Leo piensa y dice: “la verdad es que yo estoy sin respuesta para muchas preguntas sobre los programas. A veces, desde los programas, se dan todos los incentivos, la paciencia, algunas herramientas y ves que los pibes se la vuelven a mandar, pero uno también los entiende porque yo también fui pibe, pero te quedás sin herramientas, te quedás sin chamuyo en esas situaciones”. Ruth afirma que “a veces de los programas se esperan milagros del pibe, que ocurra algo mágico en los chicos y que cambien, y no es así, creo que es un laburo de todos los días y hay personas de algunos programas que se comprometen, pero es un compromiso nada más que político, más personal, y no el compromiso que debe existir desde lo humano”. Leo escucha atento a Ruth y vuelve a comentar que “ uno como Tutor tiene las ganas y el compromiso de ayudar a los pibes y lo hace desde sus vivencias que han sido parecidas a las de los chicos con los que trabajamos; uno lo hace de corazón, pero a veces no se puede mantener un compromiso porque los que se habían comprometido con nosotros también nos fallaron. Por ejemplo nosotros cobramos 1000 pesos por este trabajo, pero ahora nos deben dos meses de sueldo y entonces hay que buscar otro trabajo, por un lado porque no estamos cobrando y por el otro porque con 1000 pesos no vivís. También- prosigue Ruth- tiene mucho que ver la imagen que tienen las instituciones, porque mucha gente dice que en el Envión están los pibes pobres, y entonces los pibes se ven que como somos de este barrio y somos del Envión no podemos ser más de lo que somos, y entonces los chicos no pueden mirar para adelante y eso es muy triste. Creo que más allá de la falta de recursos de las instituciones lo que no hay son ideas, a un pibe no solamente lo motivás con una beca sino con ideas”

La nota podría seguir escribiéndose porque fueron muchas las palabras dichas por Leo y por Ruth, palabras que quizás sirvan para pensar desde el vamos los programas, para ser tenidas en cuenta por aquellos diseñadores y ejecutores de medidas destinadas a los jóvenes y para incluir a los jóvenes como protagonistas reales y no como destinatarios pasivos; quién redacta esta nota se anima a decir que mientras los jóvenes no formen parte de espacios de decisión en sus propias comunidades, la historia seguirá siendo contada desde quienes los interpretan-muchas veces de forma errada- y no desde ellos mismos, desde sus sensaciones, apreciaciones y realidades.

Pero quisiera quedarme con lo dicho por Leo y consentido por Ruth ya finalizando la entrevista: “ Yo creo que ahora falta confianza de los pibes hacia la gente que trabaja con ellos. Yo cuando hablo con ellos les saco lo que quieren decir o lo que sienten, pero no confían, a veces, en personas que por ahí no los conocen desde chicos como los conocemos nosotros. Ahora que lo pienso, por ahí esa confianza nunca estuvo, porque cuando te fallan o te tocan en donde más te duele, no volvés a confiar nunca más”.

Caso Sofia: Desde la Carcel en Brasil, luego de dos años, habla Mariano su papa detenido por Denunciar el ASI

31 de enero de 2013

HABLO MARIANO GONZALO POR PRIMERA VEZ: "No me arrepiento de nada, absolutamente nada. Agarre a mi hija y la protegí"

Mariano Gonzalo, detenido en Brasil

Hoy miércoles 30 de enero, en Cambalache Mañanero (emitido de lunes a viernes de 10 a 12 hs por FM EL MURO 102.5) habló por primera vez Mariano Gonzalo. Detenido en Brasil por llevarse del país a su hija, Sofia y acusando a su ex mujer y su novio de abusar sexualmente de la nena. En un mano a mano impresionante con Walter Martin, se escuchó un Gonzalo tranquilo, esperando el accionar judicial y muy sincero. Habló de todo sin filtro, y contó su verdad. La entrevista, por momentos desgarradora cuenta por qué se llevo a su hija a Brasil, como es el accionar judicial y como se encuentra mental y emocionalmente. Luego, habló la Lic. Daniela Lezcano, quien fuera la primera profesional en escuchar a Sofia . 
El especial, que finalizó alrededor de las doce del mediodía  estuvo en su mayoría reinado por impotencia, emoción y esperanza de que el hecho se aclare. A continuación el audio completo. 
Cabe destacar, que, Mariano Gonzalo da por primera vez su testimonio  y eligió el aire de la 102.5 Fm El Muro para contar su verdad. 

ENTREVISTA A MARIANO GONZALO + LIC. DANIELA LEZCANO (EXCLUSIVO 102.5 FM EL MURO)

Los Funcionarios Judiciales Honrosos en camino hacia la Democratizacion Judicial

ENTREVISTA EXCLUSIVA

El fiscal federal Gómez plantea que "hay que intervenir a la Justicia Provincial"

Fuente: Diario El Siglo Tucuman By @Fiscalfederal 

El magistrado dijo a EL SIGLO que esa es la salida para superar la crisis desatada en el Poder Judicial de Tucumán tras el fallo absolutorio en el caso de Marita Verón. Opinó que habría que "poner en comisión de todos los jueces, fiscales y defensores de la provincia, para someterlos a un referéndum popular". Pidió establecer el juicio por jurados.

Imágenes

LAPIDARIO. Gómez dijo que la Justicia local debe intervenirse, poniendo en comisión a los jueces.

09/01/2013 11:36 PM | Para el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, la única salida para superar la crisis desatada en la Justicia Provincial tras el escandaloso fallo absolutorio en el caso de Marita Verón es "su intervención".
Durante una entrevista exclusiva concedida a EL SIGLO, el fiscal se mostró de acuerdo con la necesidad de "poner en comisión a todos los jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia" a los fines de que "sean sometidos a un referéndum popular, que determine su continuidad o no en los cargos que hoy ocupan".
Advirtió que el pedido de destitución a los tres magistrados que intervinieron en el juicio por el secuestro y desaparición de la joven, quien habría sido víctima de una red de trata de personas, "entrará en una vía muerta en los próximos meses".
Además, Gómez estimó que “recién en 2014 o 2015” podría definirse, en el ámbito judicial, si se hace un nuevo juicio oral y público para el caso que se anule el fallo que absolvió a los 13 imputados en la causa.
Finalmente, planteó que es necesario "que la Legislatura provincial avance con la sanción de una ley que establezca el juicio por jurados en Tucumán".
La charla entre nuestro diario y el fiscal general federal se dio de la siguiente manera:

-¿Qué cree que pasará con el pedido de juicio político a los jueces que absolvieron a los acusados del caso Verón?
-El pedido de destitución a los tres magistrados que intervinieron en el juicio por Marita Verón entrará en una vía muerta en los próximos seis meses, porque con la simple renuncia de dos de los magistrados (una, la de Emilio Herrera Molina, ya se produjo, mientras que la de Alberto Piedrabuena estaría próxima a concretarse) para acogerse a la jubilación con el 82 por ciento móvil, quedará desarticulada cualquier posibilidad de que sean sometidos a un Jury de Enjuiciamiento. Respecto al tercer camarista, Eduardo Romero Lascano, atento a que el pedido de juicio político formulado por la defensa de Susana Trimarco, madre de Marita, apunta a la manera en la que se desarrolló el debate oral y público y teniendo en cuenta que este camarista no lo dirigió nunca, no creo que se pueda avanzar en su destitución y, por lo tanto, quedará en la nada.

-¿Cuál era la mejor salida?
-Lo que debió haberse planteado, en todo caso, era el pedido de destitución de todos los fiscales y jueces que intervinieron en la causa de Marita Verón durante los 10 años que duró la investigación, desde la foja 1 en adelante. Es decir, abrir un gran sumario administrativo e investigar la responsabilidad de todos y cada uno de estos miembros de la Justicia provincial. Si hubo una sentencia desfavorable, no todo es responsabilidad del Tribunal, sino que también hay una responsabilidad cierta por parte de todos los que llevaron adelante la causa durante 10 años.

-¿Cómo ve la situación de la Justicia Ordinaria de Tucumán?
-Hay que preguntarse por qué se llegó a esta situación y por qué tenemos esta crisis en la administración de justicia en Tucumán, que es uno de los poderes más desvalorizados y desacreditados en este momento. Ello en función de la conexión directa que tiene con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que en este caso de Marita Verón se manifiestan en contra (del fallo), pero con el tiempo nos daremos cuenta de que no es tal. Para resolver esta situación crítica en la Justicia Ordinaria de la Provincia, la mejor salida es darle al ciudadano común la posibilidad de refrendar o no con su voto la actuación de los jueces, tal como ocurre en Estados Unidos, donde cada 4 o 5 años los magistrados son sometidos a la voluntad popular para que la sociedad determine si siguen ocupando sus cargos o no. Si a más del 50 por ciento de la gente le gusta como actuó un juez, lo elegirá para que siga, y si está disconforme, le dirá que no y habrá que designar a otro a través del Consejo de la Magistratura. Para realizar un referéndum general de esta naturaleza hay que intervenir el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, poniendo en comisión a todos los jueces, fiscales y defensores, para que la gente, en un referéndum popular, de acuerdo al lugar donde viva, decida si estos jueces continúan o no en sus cargos.

-¿Hace falta una reforma normativa o constitucional para avanzar con esto?
-No. Solo basta la decisión política de intervenir la Justicia por parte de la Presidencia y el Congreso de la Nación. Puede ser a través de la sanción de una ley, pero también se puede concretar con un decreto de necesidad y urgencia por parte de la Presidenta. Estamos hablando de un referéndum a la Justicia por una sola vez, al menos para subsanar esta situación.

-¿Cuáles son las instancias procesales y los plazos que siguen en el caso Verón?
-Hay dos pasos concretos que hay que aclararle al ciudadano común. En primer lugar, hay un recurso de casación presentado por la querella, y no creo que la Corte Suprema de Tucumán se expida al respecto, declarando si el fallo absolutorio y el juicio son válidos o no, antes de las elecciones legislativas nacionales de octubre de este año. Por los tiempos procesales o por una cuestión política sobre el manejo de los mismos, como ocurre en los máximos tribunales, es poco probable que la Corte Provincial se expida antes de noviembre del año en curso. En el supuesto caso que la Justicia tucumana declare la nulidad del proceso y ordene realizar un nuevo juicio, todos los acusados tienen el derecho de interponer un recurso extraordinario ante la Corte de la Nación. Ese recurso debe ser analizado antes por el Superior Tribunal de la Provincia y suponiendo que este conceda el recurso y gire las actuaciones a la Corte de la Nación, por los tiempos procesales que se manejan en estos tribunales y ante casos similares al de Marita, se va a expedir recién en 2014 o 2015. Es decir, la posibilidad real y concreta de que este juicio oral y público sea anulado y se ordene realizar un nuevo debate recién se va poder concretar dentro de dos o tres años.

-¿Cómo se puede mejorar la administración de justicia en Tucumán?
-Un elemento fundamental que hay que abordar es la necesidad de instalar, de una vez por todas, en el proceso penal de la provincia de Tucumán el juicio por jurados. Los legisladores, además de rasgarse las vestiduras, como lo están haciendo con el caso de Marita Verón, debería que trabajar en diseñar un mecanismo de juicios por jurados, como lo están haciendo en este momento la Provincia de Buenos Aires y como impulsa la Presidenta de la Nación.
-¿Por qué cree que no se aplica?
El juicio por jurados está previsto en la Constitución y no se aplica porque a los poderes políticos no les conviene, debido a que les quita el manejo de la administración de justicia en los casos mas graves. El juicio por jurado lo que hace es poner en la representación de ciudadanos comunes la decisión de si un hecho delictivo ocurrió o no. No es un solo juez o un solo fiscal al que es fácil corromper desde el poder político, sino un grupo de ciudadanos, que se eligen de un padrón donde tanto las defensas como las partes acusadas realizan tachas e impugnaciones. Es un proceso judicial que ha funcionado bien en distintos lugares del mundo, incluida la provincia de Córdoba, que tiene un mecanismo mixto de juicio por jurado, que integran jueces y ciudadanos elegidos de un padrón electoral. Es fundamental aplicar este tipo de sistema para resolver casos con la trascendencia como este de Marita Verón.

“El Tribunal Federal habría dictado condenas”

El fiscal Antonio Gustavo Gómez aseguró durante la entrevista concedida a nuestro diario que "si este mismo juicio por Marita Verón hubiera sido llevado adelante en el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) los trece imputados hubieran sido condenados, porque la apreciación de la prueba producida, sobre todo de la testimonial, habría tenido una valoración diametralmente distinta a la que hizo la Justicia Provincial". En este sentido, apuntó que "sólo hace falta leer los fallos del TOF en materia de delitos contra los derechos humanos para notar la importancia y la validez que e les da a los relatos de testigos, aún cuando se trata de hechos ocurridos hace más de 35 años. Esto demuestra que el criterio de los jueces provinciales discrepa y mucho a los que utilizamos en la Justicia Federal en relación a los testimonios y al valor que s les da a los mismos", resaltó. Finalmente, al ser consultado sobre la sentencia absolutoria de la polémica, Gómez expresó: "En el caso Verón, de acuerdo a lo que pude leer en la prensa, porque no estudié la sentencia detenidamente, indica que había pruebas suficientes como para establecer una condena contra todos los acusados por el delito de trata de personas".